Los más de 4 mil candidatos a la elección judicial deberán ajustarse a un límite de gasto de 220 mil 326 pesos, que deberán justificar ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Este monto será exclusivamente para gastos personales, traslados y viáticos.

Así lo estableció el Consejo General del INE.

A diferencia de las elecciones tradicionales, los candidatos judiciales no recibirán financiamiento público y tendrán restricciones, como la prohibición de contratar espacios para propaganda electoral y realizar encuestas. Solo podrán repartir material impreso en papel reciclable.

Los partidos políticos y servidores públicos también tienen prohibido hacer proselitismo a favor o en contra de cualquier candidatura. La campaña comenzará el 30 de marzo y durará 60 días, sin precampaña.

El límite de gasto será el mismo para todos los aspirantes, sin importar el cargo al que se postulen. Además, podrán usar redes sociales y medios digitales, siempre que no impliquen gastos adicionales.

Las sanciones por irregularidades en el gasto pueden incluir multas de hasta 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), e incluso la cancelación de la candidatura. Las autoridades federales decidirán las acciones a seguir en caso de infracciones.