La creciente tensión entre el gobierno mexicano y el cártel de Sinaloa, tras las amenazas públicas de Ismael “El Mayo” Zambada, ha puesto en evidencia un entramado de desafíos legales, diplomáticos y políticos.

El líder criminal, actualmente procesado en Estados Unidos, exige su repatriación a México bajo el argumento de que su extradición habría sido ilegal.

Sin embargo, el núcleo de su defensa apunta a un temor mayor: la posible aplicación de la pena de muerte en territorio estadounidense, reforzada por el enfoque radical de la administración Trump hacia los cárteles, ahora respaldado por el Departamento de Estado al catalogarlos como organizaciones terroristas.

La estrategia legal de “El Mayo” está encabezada por el abogado Frank Pérez, quien ha presentado una solicitud formal al consulado mexicano en Nueva York.

No obstante, este caso trasciende lo jurídico. Pérez, vinculado a figuras de Morena como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha desatado cuestionamientos sobre posibles conexiones entre la clase política y el narcotráfico.

Fotografías y encuentros públicos entre Pérez y miembros del partido oficialista han alimentado la narrativa de un “narcogobierno”, crítica recurrentemente esgrimida por sectores conservadores en Estados Unidos.

Este escenario evoca el precedente de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, quien fue detenido en EE.UU. en 2020 por narcotráfico y luego absuelto en México tras gestiones de López Obrador.

Su reaparición en actos oficiales y homenajes refleja una ambigüedad histórica: la presencia de figuras sospechosas en círculos de poder, sin importar el partido en turno.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta ahora un dilema similar: proteger la soberanía nacional ante presiones externas o ceder a un reclamo que, de atenderse, podría interpretarse como complicidad.

En paralelo, la ofensiva estadounidense contra los cárteles se intensifica. Operativos recientes han debilitado a la facción de “El Mayo”, con capturas clave como las de Kevin Alonso (hijo del líder) y José Ángel “El Verito” Canovio, presunto sucesor en la producción de fentanilo.

Datos preliminares sugieren que el 79% de las detenciones recientes afectan a su grupo, frente al 21% contra los “Chapitos”, lo que revelaría una estrategia focalizada desde Washington.

La coyuntura también agrava divisiones internas en Morena. Las reformas propuestas contra la reelección y el nepotismo, interpretadas como un intento de limitar el influjo de aliados de López Obrador, coexisten con el escándalo de los abogados ligados al partido que defienden a narcotraficantes.

Mientras la presidente Sheinbaum insiste en retórica soberanista y cifras de aprobación elevadas, la sombra de la corrupción persiste.

El riesgo para México es doble: en lo externo, una escalada con EE.UU. por la aplicación de leyes antiterroristas; en lo interno, la erosión de credibilidad ante la ciudadanía.

La defensa de “El Mayo”, más allá de su resultado, expone una herida abierta: la delgada línea entre la justicia y la impunidad en un país donde el fantasma del narco siempre parece cerca del poder.