Ciudad de México: La falta de acuerdos entre las bancadas en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria que renovará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) —vacante desde finales de octubre tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala en medio de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntos conflictos de interés y triangulación en licitaciones— escaló al ámbito judicial luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) promoviera un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Reproche por abandonar la negociación política
En conferencia de prensa celebrada este jueves 19 de noviembre en San Lázaro, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, lamentó que la oposición haya recurrido a una instancia jurisdiccional sin previo aviso en lugar de agotar el diálogo legislativo. El legislador calificó la impugnación panista como un acto de “protagonismo fugaz político” de alcance principalmente mediático, señalando que su bancada buscaba construir un consenso amplio y evitar imponer una convocatoria únicamente mediante su mayoría parlamentaria.
Por su parte, las bancadas de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— habían expresado previamente su rechazo al proyecto de convocatoria impulsado por el oficialismo al advertir la necesidad de establecer candados estrictos que garanticen la imparcialidad y eviten vínculos partidistas en la próxima titularidad del organismo, actualmente encabezado de manera provisional por la consejera Blanca Cruz García.
Alcances del fallo del TEPJF y calendario hacia 2027
Monreal explicó que, si bien respeta el derecho del PAN a impugnar, una eventual sentencia del TEPJF únicamente podría ordenar a la Cámara de Diputados emitir la convocatoria, sin sustituir sus facultades constitucionales para designar a la nueva consejera presidenta. El coordinador morenista subrayó que, al quedar sujetos al mandato judicial, se cancela el margen para seguir negociando un acuerdo unánime, por lo que deberán acatar lo que dicten los magistrados.
De acuerdo con los cálculos expuestos por el diputado zacatecano, los tiempos del litigio sumados a los plazos legales obligatorios de la convocatoria —registro, evaluación curricular, examen de conocimientos y entrevistas— tomarán alrededor de 58 días. Con ello, la designación definitiva —ya sea mediante mayoría calificada, insaculación en el pleno o sorteo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación— se concretaría hasta finales de enero o principios de febrero de 2027.










