Octavio Romero está agilizando los trámites para que Pemex adquiera una terminal de combustibles en Tuxpan, propiedad del fondo de inversión estadounidense KKR. Sin embargo, surge un problema: esa instalación fue clausurada por el Gobierno federal en 2021. Según fuentes del sector, la operación se llevaría a cabo a un precio sorprendentemente bajo.

La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT), ubicada en Tuxpan, Veracruz, comenzó sus operaciones en 2018 con el objetivo de realizar diversas tareas, como el diseño, preparación, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono de la terminal.

Su propósito principal es almacenar petrolíferos importados, como gasolina regular, gasolina Premium, diésel y turbosina (jet-a-1), con una capacidad nominal total de 526,073 m³ (3,308,900 barriles), según un documento oficial de la SEMARNAT.

Desde entonces, la terminal ha estado bajo la responsabilidad de la empresa Servicios y Terminales de Tuxpan S. A. de C. V., constituida en 2017 por dos empresas: SSA México, Sociedad Anónima de Capital Variable y SSA México Holdings, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Durante los años 2018 y 2019, Servicios y Terminales de Tuxpan S. A. de C. V. realizó cambios en su equipo de apoderados legales. En 2019, se incorporó Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, ex funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón, quien ocupó el cargo de Secretario de Comunicaciones y Transportes hasta 2009, cuando presentó su renuncia.

Además, entre los apoderados figura el abogado Santiago Sepúlveda Iturbe, hijo del ex canciller Miguel De la Madrid. Según una investigación de la revista Proceso, Sepúlveda Amor y su socio, Carlos Creel Cobián, estuvieron involucrados en una denuncia por supuesto tráfico de influencias, relacionada con una bursatilización multimillonaria durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

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El 4 de mayo de 2018, mediante la resolución número RES/907/2018, la Comisión otorgó a Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V. el permiso de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticas PL/21140/ALM/2018, lo que dio lugar a la habilitación de la Terminal Servitux en 2019, con la participación de una empresa texana llamada Monterra Energy.

Esta empresa, a su vez, fue creada mediante una inversión subsidiada por la multinacional estadounidense de administración de fondos de inversión y capital de riesgo, Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR). Luis Téllez se convirtió en consejero de KKR en octubre de 2014, el mismo año en que se fundó Monterra Energy, bajo la dirección del mexicano Arturo Vivar Vásquez y el estadounidense Michael A. Williams.

En ese momento, la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013 ya había transformado el mercado de los combustibles en México, abriendo oportunidades para grandes inversiones en el sector energético. Sin embargo, surgió un presunto caso de tráfico de influencias protagonizado por Téllez Kluenzer, quien también era miembro del comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. A pesar de que la ley prohíbe este tipo de conflictos de interés, Luis Téllez y sus asociados continuaron con la creación de Servicios y Terminales de Tuxpan.

Aunque la fundación de la Terminal Servitux en Tuxpan, Veracruz, involucra una serie de tráficos de influencias entre funcionarios y empresarios mexicanos, así como empresarios estadounidenses, el tema central es cómo este origen condujo al desarrollo de una terminal de combustibles altamente defectuosa y, por lo tanto, peligrosa para los mexicanos y el medio ambiente en general.

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Informantes del sector han difundido una serie de imágenes reveladoras que evidencian la falta de meticulosidad en la construcción de la Terminal Servitux en Tuxpan, Veracruz. A pesar de estas deficiencias, la terminal obtuvo la aprobación para iniciar operaciones de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2019. Además, se autorizaron modificaciones para aumentar su capacidad de almacenamiento en varias ocasiones.

La terminal consta de 16 tanques, según una resolución oficial de la Comisión Reguladora de Energía, que otorgó los permisos a la empresa Servicios y Terminales de Tuxpan. Estos tanques tienen la capacidad de almacenar 3 millones 158 mil 240 barriles de combustible.

Sin embargo, las fotografías muestran que los tanques han sido instalados de manera deficiente y están desequilibrados, lo que representa un riesgo para el almacenamiento seguro.

A pesar de estas preocupaciones, la terminal operó durante varios meses hasta mayo de 2021, cuando el gobierno de López Obrador, a través de la Comisión Reguladora de Energía, realizó una inspección sorpresa y la clausuró temporalmente, incluso utilizando la fuerza de la Guardia Nacional.

La acción desencadenó alertas en el ámbito energético, ya que se rumoreaba que el gobierno mexicano estaba amenazando las operaciones del sector privado para favorecer a la empresa nacional Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual enfrenta problemas financieros.

La clausura de la Terminal Servitux tuvo incluso repercusiones internacionales. El gobernador texano Greg Abbott escribió una carta al presidente de Estados Unidos en noviembre de 2021, solicitando una revisión del asunto, ya que afectaría los precios del combustible en la frontera sur.

En enero de 2022, Monterra Energy denunció al gobierno mexicano por la clausura injustificada de la planta en Tuxpan, alegando un daño potencial valuado en 667 millones de dólares. Sin embargo, el tema quedó en suspenso hasta el primer trimestre de 2023, cuando PEMEX se acercó a KKR para adquirir la terminal Servitux a un costo considerablemente menor: 327 millones de dólares.

El contrato de compra lleva las firmas del presidente del consejo de PEMEX, Octavio Romero Oropeza; el capitán director de logística marina, Eduardo Padilla Yebra; y el CEO de Monterra Energy, Arturo Vivar, entre otros.

Esta adquisición de una terminal defectuosa refleja el tortuoso camino de una planta de almacenamiento de combustible que ha sido moneda de cambio en el trasfondo de intereses financieros y políticos, y que, de entrar en funcionamiento, podría poner en riesgo a todos los mexicanos.

A lo largo de los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los recursos energéticos de México han sido explotados en beneficio de intereses que no necesariamente velan por el bienestar de los mexicanos. En esta ocasión, la preeminencia de Pemex, una empresa altamente endeudada, no solo amenaza el medio ambiente, sino también la economía y el bienestar general de la población.