El pasado miércoles 4 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador se comunicó con Adán Augusto López Hernández para supervisar el avance de la aprobación de la reforma judicial en el Senado. Según los últimos datos, Morena contaría con dos votos del PRI y otros dos del PAN, quienes solo necesitarían ausentarse para que la 4T apruebe la reforma sin problemas.

En el caso del PRI, el acuerdo estaría casi cerrado: Alejandro Moreno Cárdenas tendría aseguradas ciertas designaciones en la justicia electoral. En el PAN, como es habitual, la negociación es directa con dos senadores, excluyendo al dirigente Marko Cortés.

Esta información ya es conocida en la Secretaría de Hacienda, donde la preocupación aumenta. Rogelio Ramírez De la O, quien estuvo la semana pasada a solas con el presidente y con Claudia Sheinbaum, esperaba que la futura presidenta retrasara el debate en el Senado para suavizar una reforma que amenaza con dañar la economía. Esa expectativa se reforzó cuando, tras esa reunión, surgieron señales en Diputados y en el Senado de que la reforma avanzaría más lentamente. Sin embargo, nada ha cambiado.

Según el secretario, López Obrador tuvo una larga conversación con Sheinbaum en la que la convenció de que la reforma judicial debe aprobarse rápidamente y dentro del mes de septiembre. Sheinbaum habría aceptado, al igual que tuvo que conceder que el presidente nombrara a más de 30 personas en el próximo sexenio.

El presidente fue muy claro en esa reunión, afirmando que la sociedad votó abrumadoramente por la reforma y que no aprobarla sería traicionar el mandato de las urnas. “Qué curioso, antes de las elecciones la sociedad iba a votar por Claudia por la economía y los apoyos sociales, y ahora resulta que era por la reforma”, comentan en el círculo cercano de Ramírez De la O.

Para el secretario de Hacienda, el panorama es complicado. Sin inversión extranjera ni interna, paliar el déficit fiscal será muy difícil, el tipo de cambio seguirá bajo presión y, por defecto, la inflación podría convertirse en un problema crónico.

Tampoco cree que un movimiento del Poder Judicial pueda cambiar el rumbo de la acción legislativa. El único límite que Sheinbaum podría aplicar a la reforma es presupuestal, lo cual le permitiría ganar tiempo y calmar a los empresarios. Pero el mandato constitucional seguirá vigente.

En Hacienda tienen muy claro cuál es el problema con los inversores. No es tanto la elección de los jueces, que es el discurso público: el problema real es la imposibilidad de conseguir un amparo para descongelar cuentas o, en casos extremos, evitar la prisión. Por eso, señalan, algunos ejecutivos con actividad en México ya están trasladando sus residencias a Estados Unidos, Costa Rica o Panamá, los mismos países que ahora buscan atraer los flujos del nearshoring.

Es notable. Al día siguiente de ganar las elecciones, Sheinbaum le pidió a Juan Ramón De la Fuente que organizara llamadas con bancos, calificadoras y jefes de estado. En todas esas llamadas, el mensaje fue que en México se había ratificado en las urnas una “socialdemocracia” muy diferente del desastre venezolano. Pero en estas horas, el consenso entre ese mismo público que habló con la futura presidenta es que México, con la llegada del Plan C, está demasiado cerca de la autocracia de Caracas.