Una decisión sin precedentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua ha desatado una ola de controversia en el estado. Mañana, 12 de septiembre, todas las actividades judiciales se suspenderán en conmemoración del Día del Servidor Público Sindicalizado, seguido por otro día de inactividad el lunes 16 de septiembre debido a la celebración de la Independencia Nacional.

Esta medida, que efectivamente paraliza el sistema judicial por cuatro días consecutivos, ha generado una intensa polémica entre abogados, litigantes y ciudadanos que dependen de los servicios judiciales. Expertos en derecho advierten que este extenso periodo de inactividad podría tener graves consecuencias en la administración de justicia, retrasando audiencias cruciales y potencialmente violando los derechos de debido proceso de los acusados.

Grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en casos urgentes, como órdenes de protección para víctimas de violencia doméstica o resoluciones de custodia infantil.

El TSJ ha defendido su decisión argumentando que es un derecho adquirido de los trabajadores sindicalizados y que las festividades patrias son de observancia nacional. Sin embargo, la medida ha reavivado el debate sobre la eficiencia y compromiso del sistema judicial con la sociedad.

Esta situación pone de manifiesto la tensión existente entre los derechos laborales de los servidores públicos y la necesidad de un sistema de justicia ágil y efectivo. Mientras tanto, los ciudadanos de Chihuahua se preparan para enfrentar un fin de semana largo sin acceso a servicios judiciales, con la incertidumbre de cómo esto afectará sus procesos legales en curso.