Reportero de Policiacas

Un incidente el pasado viernes en la capital del estado ha dejado al descubierto las profundas grietas en el sistema de justicia y seguridad de Chihuahua. El pasado viernes, un adulto mayor fue asaltado en plena luz del día por un individuo que, sorprendentemente, podría tener vínculos con las propias fuerzas del orden.

Lo que ha indignado a la comunidad no es solo el acto delictivo en sí, sino la subsecuente inacción de las autoridades. Mientras la policía se limitaba a tomar notas, fue el yerno de la víctima quien llevó a cabo una investigación exhaustiva. En cuestión de días, logró identificar el vehículo Nissan Versa de modelo reciente utilizado en el asalto, con placas Eey641a, rastrear su ubicación e incluso obtener información sobre el posible perpetrador.

El vehículo, según se ha descubierto, está registrado a nombre de una presunta agente ministerial llamada Tania Cristina García Domínguez. Esta revelación plantea serias dudas sobre la integridad de quienes deberían proteger a la ciudadanía.

La frustración del yerno es palpable: “Ya sé dónde está el vehículo, dónde vive el vato, ya lo vi al muchacho, tengo todos los datos, nomás que no sé qué hacer ahora”, declaró. Su testimonio es un grito desesperado por justicia en un sistema que parece haberles fallado.

Este caso pone de manifiesto la vergonzosa situación de la seguridad en la capital chihuahuense. Cuando un ciudadano común logra más avances en una investigación que las propias autoridades, es evidente que algo está profundamente mal en el sistema.

La comunidad exige respuestas. ¿Por qué las autoridades no han actuado con la misma diligencia que este ciudadano preocupado? ¿Qué medidas se tomarán para investigar la posible implicación de personal ministerial en actos delictivos?

Es imperativo que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto de inmediato. La confianza de la ciudadanía en sus instituciones está en juego. Este no es solo un caso de robo, es un síntoma de un sistema de justicia que necesita una reforma urgente y profunda.

La seguridad y la justicia no pueden ser lujos en Chihuahua; deben ser derechos garantizados para todos los ciudadanos. Es hora de que las autoridades demuestren con acciones, no con palabras, su compromiso con la protección de la comunidad y la erradicación de la impunidad.