Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, el diputado Cuauhtémoc Estrada justificó la expulsión de un trabajador del Poder Judicial que fue retirado ayer del recinto legislativo, luego de que interrumpiera su discurso durante el debate sobre la reforma al Poder Judicial gritando “traidor” en repetidas ocasiones. Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que está “a favor de la participación ciudadana”, pero subrayó que debe realizarse “con respeto”.

El incidente ocurrió mientras Estrada defendía la polémica reforma judicial desde la tribuna, cuando el trabajador del Poder Judicial, presente en la sesión, lo interrumpió al menos dos veces. En respuesta, el legislador solicitó que el manifestante fuera retirado del recinto.

En su declaración de hoy, Estrada comparó el Congreso del Estado con el Cabildo de Ciudad Juárez, donde los ciudadanos pueden enlistarse para participar en las sesiones y ser escuchados por las autoridades. No obstante, insistió en que el respeto es fundamental en estos espacios de deliberación pública. “No queremos que el Congreso se convierta en un espacio de desorden. El debate es bienvenido, pero siempre desde una postura de respeto mutuo”, señaló.

Sin embargo, estas declaraciones han generado fuertes críticas entre ciudadanos y sectores que cuestionan la verdadera apertura de Estrada hacia la participación ciudadana. Muchos consideran que la expulsión del trabajador judicial fue un acto de censura disfrazado de “mantenimiento del orden”. Es inaceptable que un representante del pueblo, como Estrada, pretenda silenciar las voces que se atreven a cuestionarlo. El respeto no puede ser usado como excusa para acallar el descontento legítimo de los ciudadanos. La crítica se extiende a la aparente contradicción en el discurso del diputado: por un lado, aboga por la participación del pueblo, pero en la práctica, su tolerancia parece limitada cuando las críticas son incómodas o disruptivas para su agenda.

El hecho de que un servidor público recurra a la expulsión de un ciudadano del Congreso, un edificio mantenido con recursos públicos, genera dudas sobre si realmente se están garantizando los derechos democráticos básicos en estos espacios. Para muchos, la situación expone un mal manejo del descontento social y una falta de disposición para escuchar voces críticas en temas tan sensibles como la reforma judicial.