En un acontecimiento que sacude la esfera política de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción recibió este martes una seria denuncia que apunta a la existencia de un presunto cártel inmobiliario en la capital del estado. La acusación, presentada por la legisladora de Morena, Brenda Ríos, señala directamente al alcalde Marco Antonio Bonilla y a la titular de Desarrollo Urbano y Ecología, Adriana Diaz., junto con otros funcionarios municipales.

La investigación, resultado de un extenso trabajo de documentación, revela un intrincado esquema de irregularidades en el sector inmobiliario. Entre los casos más alarmantes destaca el colapso en el fraccionamiento Monte Xenit, donde las fuertes lluvias expusieron aparentes deficiencias en la construcción que pusieron en riesgo a numerosas familias.

Las irregularidades no se limitan a un solo incidente. La denuncia documenta autorizaciones controvertidas para construir en zonas protegidas del Cerro del Caballo, así como la edificación de complejos habitacionales en áreas con riesgo de hundimiento por sobreexplotación de mantos acuíferos. Además, se menciona la reveladora declaración del empresario Cuauhtémoc Romero sobre presuntos sobornos a funcionarios municipales.

El catálogo de delitos señalados en la denuncia es extenso e incluye operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio ilegal del servicio público, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito, entre otros. Un punto particularmente preocupante es la operación irregular de establecimientos comerciales sin los estudios ambientales requeridos.

“Lo que hemos encontrado evidencia un patrón sistemático de corrupción que pone en riesgo no solo el desarrollo ordenado de nuestra ciudad, sino la seguridad misma de sus habitantes”, declaró la diputada Ríos, quien respaldó sus acusaciones con documentos obtenidos vía transparencia y testimonios recopilados durante visitas a distintas colonias y fraccionamientos.

La denuncia pone de manifiesto la aparente priorización de intereses privados sobre el bienestar colectivo, cuestionando seriamente la gestión del desarrollo urbano en la capital chihuahuense. La Fiscalía Anticorrupción deberá ahora investigar estas graves acusaciones que amenazan con desestabilizar la actual administración municipal.