La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández Acosta, defendió la propuesta de reforma del Poder Judicial ante el rechazo del diputado local Alfredo Chávez, coordinador de la bancada del PAN, quien aseguró que dicha iniciativa de retiro forzoso no pasará en el Congreso del Estado.

Hernández Acosta subrayó que esta iniciativa no debe considerarse una «ocurrencia» y que fue evaluada minuciosamente en coordinación con la Secretaría de Hacienda, donde se revisaron los números antes de ser presentada. «No es una jubilación, es un retiro forzoso, en atención a que se está terminando con un proyecto de vida de los juzgadores», explicó.

La presidenta del Tribunal señaló que la propuesta fue discutida con todos los actores involucrados y aclaró que los montos manejados en la opinión pública, como los 500 millones de pesos, son incorrectos. «Realmente, es una propuesta que en suma puede alcanzar hasta los 100 millones de pesos, específicamente para el rubro de las jubilaciones anticipadas de los juzgadores», puntualizó.

Hernández Acosta destacó que ahora la propuesta está en manos del Congreso del Estado y que, hasta que el Pleno determine su aprobación o rechazo, el Poder Judicial no emitirá una opinión definitiva. «Nuestra respuesta dependerá de lo que pase en el Congreso», aseguró.

Asimismo, mencionó que el incremento al presupuesto total del Poder Judicial está plenamente justificado, pues responde a necesidades de infraestructura, adquisición de edificios y nuevas plazas para el correcto funcionamiento del organismo.

Sin mencionar nombres, la magistrada hizo referencia a actores políticos que ya adelantaron su negativa a la propuesta, en particular legisladores de Morena. «Hay algunos actores políticos que de ninguna manera han comentado que van a aprobar esta propuesta de reforma», sostuvo, dejando claro que se deberá esperar la decisión final del Pleno legislativo.

Por último, detalló que la propuesta contempla un retiro forzoso que impactaría a 51 juzgadores y 14 magistrados, con un monto total aproximado de 100 millones de pesos para su liquidación.

De esta forma, el debate sobre la reforma al Poder Judicial se mantiene encendido en el Congreso del Estado, donde las bancadas políticas tendrán que definir si respaldan o rechazan una iniciativa que, para el Tribunal, responde a necesidades estructurales y no a decisiones improvisadas.