Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

La histórica y controversial elección de jueces y magistrados programada para el 1º de junio en Chihuahua enfrenta su primer obstáculo: el financiamiento. Con un costo estimado de 650 millones de pesos, similar al de la elección presidencial de 2023, la responsabilidad de asignar el presupuesto recae ahora en la Secretaría de Hacienda estatal.

“La Secretaría de Hacienda tendrá que resolver sobre el recurso necesario”, declaró este miércoles Alfredo Chávez, coordinador de la bancada panista en el Congreso local, quien además enfatizó la postura crítica de su partido frente a esta reforma judicial.

El proceso electoral, que transformará la manera en que se designan las personas juzgadoras en el estado, surge como respuesta a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a la oposición del partido gobernante. “Ni estuvimos ni estamos de acuerdo con la reforma judicial”, reiteró Chávez.

La presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, ha señalado que el presupuesto requerido es equiparable al utilizado en las elecciones presidenciales del año pasado, planteando un reto significativo para las finanzas estatales.

Para garantizar la integridad del proceso, el pleno del Congreso votará hoy la Ley Electoral para elegir personas juzgadoras, iniciativa presentada por el propio coordinador panista, en un intento por establecer un marco normativo que blinde la elección.

Esta reforma representa un cambio paradigmático en el sistema judicial chihuahuense, al someter la selección de jueces y magistrados al voto popular, siguiendo el modelo de elección utilizado para los otros poderes del Estado.