García Harfuch enfrenta el reto de reforzar la seguridad ante las políticas de Trump
La prensa estadounidense ha revelado que Donald Trump planea desplegar 15 mil soldados en la frontera con México. Este movimiento es crucial para cumplir las metas de deportación de su administración: cada persona arrestada intentando ingresar a Estados Unidos será capturada y deportada a México de inmediato, sin proceso judicial.
La militarización de la frontera también prepara el terreno para una intervención más allá de los límites fronterizos, relacionada con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya informó al gobierno mexicano que la próxima semana espera tener identificadas las organizaciones mexicanas que serán consideradas enemigas del estado estadounidense.
Esta semana se dio una fase preliminar con la elección del cártel venezolano Tren de Aragua, que, según Omar García Harfuch, no tiene negocios con los narcos mexicanos.
El secretario de Seguridad, García Harfuch, enfrenta una labor contrarreloj: reforzar el estado de derecho en México para evitar una turbulencia económica causada por la imposición de aranceles por parte de Trump. Este reto es mayúsculo, especialmente por las contingencias internas: reforzar fronteras y aduanas, incrementar controles en aeropuertos, acelerar decomisos de fentanilo y lograr un arresto de gran magnitud.
El camino de García Harfuch también tiene costos internos en el morenismo, donde la ley es una cuestión irritante. La encuestadora Rubrum detectó que, aunque los electores avalan el rumbo del gobierno, están disconformes con la estrategia de seguridad respecto al crimen organizado. Trump coloca la ley en el centro de la relación bilateral, un desafío para el aparato de seguridad y el sentido político del gobierno.
García Harfuch necesita la plena colaboración del mando militar, una relación compleja debido a los ajustes presupuestales. Los generales se quejan de que el secretario tiene vía libre mientras ellos enfrentan restricciones.
El esfuerzo y los costos políticos buscan evitar aranceles en una economía que muestra indicios de recesión. Empresarios mexicanos en Washington informan que Trump no aplicará aranceles del 25%, pero sí habrá nuevos impuestos al comercio bilateral, posiblemente menores o focalizados.
El próximo embajador de Trump en Ciudad de México, Ron Johnson, afirmó que la ruta es clara y precisa, y que solo queda cumplirla.
La militarización de la frontera también prepara el terreno para una intervención más allá de los límites fronterizos, relacionada con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya informó al gobierno mexicano que la próxima semana espera tener identificadas las organizaciones mexicanas que serán consideradas enemigas del estado estadounidense.
Esta semana se dio una fase preliminar con la elección del cártel venezolano Tren de Aragua, que, según Omar García Harfuch, no tiene negocios con los narcos mexicanos.
El secretario de Seguridad, García Harfuch, enfrenta una labor contrarreloj: reforzar el estado de derecho en México para evitar una turbulencia económica causada por la imposición de aranceles por parte de Trump. Este reto es mayúsculo, especialmente por las contingencias internas: reforzar fronteras y aduanas, incrementar controles en aeropuertos, acelerar decomisos de fentanilo y lograr un arresto de gran magnitud.
El camino de García Harfuch también tiene costos internos en el morenismo, donde la ley es una cuestión irritante. La encuestadora Rubrum detectó que, aunque los electores avalan el rumbo del gobierno, están disconformes con la estrategia de seguridad respecto al crimen organizado. Trump coloca la ley en el centro de la relación bilateral, un desafío para el aparato de seguridad y el sentido político del gobierno.
García Harfuch necesita la plena colaboración del mando militar, una relación compleja debido a los ajustes presupuestales. Los generales se quejan de que el secretario tiene vía libre mientras ellos enfrentan restricciones.
El esfuerzo y los costos políticos buscan evitar aranceles en una economía que muestra indicios de recesión. Empresarios mexicanos en Washington informan que Trump no aplicará aranceles del 25%, pero sí habrá nuevos impuestos al comercio bilateral, posiblemente menores o focalizados.
El próximo embajador de Trump en Ciudad de México, Ron Johnson, afirmó que la ruta es clara y precisa, y que solo queda cumplirla.