Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

En un paso histórico hacia la igualdad y la inclusión, seis activistas chihuahuenses han interpuesto un juicio de amparo contra la Ley de Egresos del Estado por excluir a la población LGBT+ del presupuesto público. Este esfuerzo legal busca garantizar que las autoridades reconozcan y atiendan las necesidades específicas de una comunidad que, según cifras estimadas, suma alrededor de 140 mil personas en la entidad.

El caso fue presentado ante el Poder Judicial de la Federación y admitido esta semana por el Juzgado Segundo de Distrito. Según explicó David Adrián García , director de la Autoridad LGBT, el objetivo no es solo demandar discriminación presupuestal, sino también instar a las autoridades estatales a crear políticas públicas que aborden las desigualdades estructurales que enfrenta este sector de la sociedad.

“Estamos hablando de una clara exclusión. Mientras hay partidas destinadas para otros grupos vulnerables en el presupuesto estatal, la población LGBT+ ha sido ignorada sistemáticamente”, señaló García durante una entrevista frente al Congreso local. “Esto no es solo un acto de omisión; es discriminación directa basada en lo establecido en el artículo primero de la Constitución Federal”.

El amparo interpuesto argumenta que la falta de recursos económicos destinados a programas específicos para esta comunidad perpetúa la marginación y limita su acceso a servicios básicos como atención médica especializada, educación libre de prejuicios y protección contra la violencia homofóbica o transfóbica.

Este no es el primer caso de su tipo en México. Estados como el Estado de México, Yucatán y Guanajuato han enfrentado situaciones similares, con resoluciones favorables para las comunidades LGBT+. David Adrián destacó que estas experiencias previas generan optimismo sobre el resultado del proceso en Chihuahua.

“Si ganamos este amparo, el gobierno y el Congreso estarán obligados a asignar recursos específicos para nuestra comunidad. Esto permitirá crear programas que realmente atiendan las necesidades de quienes pertenecemos a la diversidad sexual y de género”, añadió.

Sin embargo, la lucha no ha sido fácil. Hasta la fecha, nunca se ha destinado un solo peso del presupuesto estatal a iniciativas enfocadas en esta población. Aunque algunas acciones dispersas han surgido a nivel municipal o institucional, carecen de continuidad y financiamiento adecuado.

La batalla por los derechos LGBT+ en Chihuahua tiene una larga trayectoria marcada por logros significativos, pero también por resistencias burocráticas. Desde 2015, gracias a una resolución judicial, las parejas del mismo sexo pueden casarse en el estado, aunque el Congreso aún no ha legislado formalmente sobre el matrimonio igualitario. De manera similar, desde 2019, las personas transgénero pueden modificar su identidad de género en sus actas de nacimiento sin necesidad de juicio, pero esta posibilidad tampoco está respaldada por una ley explícita.

“Nos hemos visto obligados a recurrir constantemente al sistema judicial porque las autoridades legislativas no hacen su trabajo”, lamentó García. “Es triste que tengamos que montar ‘circo y teatro’, como él mismo lo describe, para que nos escuchen, pero así es la realidad. No vamos a rendirnos”.

El activismo LGBT+ en Chihuahua se ha caracterizado precisamente por su persistencia. A pesar de los obstáculos, organizaciones y colectivos han mantenido su postura firme, exigiendo visibilidad, igualdad y justicia. Este nuevo amparo es otra muestra de esa determinación incansable.

Ahora, el proceso sigue su curso. Las autoridades estatales tendrán la oportunidad de responder al amparo, mientras los activistas esperan con expectativa una sentencia favorable. Si prospera, Chihuahua se convertirá en el décimo estado del país donde se obliga al gobierno a incluir a la comunidad LGBT+ en el presupuesto anual.

Para mayor información sobre esta causa o para apoyar la lucha por los derechos humanos, puedes contactar a la Autoridad LGBT a través de sus redes sociales oficiales.