El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtió sobre el riesgo de que algunos de los 29 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos fueran liberados en México o que sus procesos judiciales se siguieran retrasando. Esta preocupación surge en un contexto de creciente presión internacional para combatir el narcotráfico y la violencia asociada.

Ayer, el Gobierno de México llevó a cabo una operación de gran envergadura, trasladando en aviones de la Fuerza Aérea y la Armada a los líderes criminales requeridos por la justicia estadounidense. Entre los extraditados se encuentra Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique «Kiki» Camarena. La entrega de estos criminales ocurrió horas antes de la reunión del Gabinete de Seguridad en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir la posible imposición de aranceles ante la falta de acciones contra el narcotráfico.

Además de Caro Quintero, entre los extraditados se encuentran los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como «Z-40» y «Z-42», exlíderes de Los Zetas. También fueron entregados cabecillas del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, recientemente designados como organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump.

A estos detenidos se les acusa de traficar grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína a Estados Unidos, además de actos de violencia relacionados con el trasiego y venta de drogas. La extradición de estos criminales representa un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico y envía un mensaje claro sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en la búsqueda de justicia y seguridad.

La operación de extradición y la reunión en Washington subrayan la importancia de la colaboración internacional para enfrentar el desafío del narcotráfico y garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten la justicia.