Grandes empresas impugnan el aumento del ISN en la CDMX, argumentando trato desigual y violaciones tributarias. El gobierno defiende la medida como clave para financiar proyectos estratégicos. ¿Quién ganará esta batalla fiscal?

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El reciente aumento del Impuesto sobre Nóminas (ISN) en la Ciudad de México, que pasó del 3% al 4% en enero de 2025, ha generado una ola de inconformidad entre grandes empresas como Liverpool, Soriana, Kimberly Clark y Deloitte. Este incremento, el más alto del país, ha sido señalado como un golpe a la competitividad empresarial, mientras que el gobierno capitalino defiende la medida como una estrategia para financiar proyectos prioritarios de infraestructura, seguridad y movilidad.

Desde su implementación, el aumento del ISN ha dividido opiniones. Por un lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) respaldó la medida bajo el argumento de que los recursos recaudados se destinarían a proyectos estratégicos que beneficiarían a la ciudadanía. Sin embargo, grandes corporaciones han presentado amparos, argumentando que el incremento genera un trato desigual hacia las micro y pequeñas empresas, que están exentas del aumento. Además, señalan que la medida viola principios de proporcionalidad tributaria, ya que las grandes empresas enfrentan múltiples obligaciones fiscales federales y locales.

El impacto financiero no es menor. El gobierno de la Ciudad de México espera recaudar 45,983 millones de pesos en 2025, un 30% más que el año anterior, convirtiendo al ISN en el impuesto local más importante de la capital. Sin embargo, las empresas afectadas advierten que este aumento podría traducirse en mayores costos operativos, afectando su capacidad de inversión y generación de empleo. A pesar de los amparos presentados, expertos legales consideran que las posibilidades de éxito son limitadas, dado que la Suprema Corte ha avalado incrementos previos al ISN.

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El aumento del ISN en la Ciudad de México pone en evidencia la tensión entre la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y el impacto en la competitividad empresarial. Mientras el gobierno defiende la medida como un paso hacia el desarrollo sostenible, las empresas afectadas continúan buscando alternativas legales para mitigar sus efectos. El desenlace de este conflicto será clave para definir el futuro de la relación entre el sector público y privado en la capital.