Un total de 80 cámaras de videovigilancia han sido desmontadas en el municipio de Jiménez como parte de una investigación encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), ante la sospecha de que podrían estar siendo utilizadas con fines ilícitos.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, informó que los dispositivos fueron ubicados durante patrullajes de rutina, y que muchos de ellos se encontraban instalados en infraestructura pública como postes de alumbrado y tendido eléctrico, a pesar de ser de origen particular.

“Durante nuestras recorridos, identificamos cámaras que no cuentan con autorización y están colocadas en lugares donde no deberían estar, como estructuras de servicio público. Aunque muchas pertenecen a particulares, nos preocupa que puedan estar al servicio de grupos criminales”, expresó Loya.

El funcionario detalló que, aunque no se ha confirmado una relación directa entre estos equipos y organizaciones delictivas, se mantienen abiertas las indagatorias, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para rastrear posibles vínculos con redes de vigilancia clandestinas.

Loya subrayó que estas acciones buscan evitar que el crimen organizado utilice tecnología para monitorear movimientos de corporaciones policiacas o actividades de la ciudadanía, situación que representa un riesgo para la seguridad pública.

Las autoridades continuarán con operativos similares en otros municipios del estado, como parte de una estrategia para recuperar el control del espacio público y reforzar el blindaje contra la infiltración delictiva.