Ciudad del Carmen, Campeche.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra la naviera Marinsa de México, subsidiaria de Grupo Cemza, por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles. Este caso ha generado gran interés debido a las implicaciones financieras y políticas que rodean a la empresa.



Entre 2019 y 2022, Marinsa recibió depósitos por más de 22 mil millones de pesos y 512 millones de dólares, cuya procedencia no ha sido aclarada ni documentada. La empresa, que opera una flota de ocho barcos de servicios petroleros y tiene presencia en nueve países, ha sido señalada por vínculos con el robo de combustible y operaciones ilegales desde instalaciones en Isla del Carmen. Además, se han identificado patrones irregulares de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas, lo que podría estar relacionado con esquemas de corrupción y huachicol.

El principal accionista de Marinsa es José Luis Zavala Solís, quien también ha estado vinculado con figuras políticas y empresariales controvertidas. En 2019, la naviera se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para ganar un contrato trianual por 231 millones de pesos con Pemex. Sin embargo, este contrato fue rescindido en diciembre de 2020 tras revelarse la relación familiar.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también ha intervenido en el caso, congelando cuentas bancarias de Zavala y otras empresas del grupo Cemza, aunque estas fueron desbloqueadas mediante amparos. Las investigaciones han señalado movimientos financieros inusuales, transacciones en efectivo en dólares y operaciones sin justificación comercial.



El caso de Marinsa de México representa un ejemplo emblemático de los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Mientras la FGR continúa con sus investigaciones, el impacto de este caso podría extenderse más allá del ámbito empresarial, afectando relaciones políticas y económicas. La sociedad espera que las autoridades actúen con transparencia y firmeza para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.

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