La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó su preocupación ante las implicaciones económicas que podría generar la reforma judicial recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, señalando que su implementación representa un reto financiero considerable para los estados. Sin embargo, aseguró que en Chihuahua las prioridades sociales no se verán comprometidas.

Aunque admitió que la reforma implica una mayor carga presupuestal, Campos Galván afirmó que hasta ahora no se han registrado afectaciones en el funcionamiento de las instituciones estatales. Recalcó que su administración mantendrá el enfoque en programas clave que impactan directamente en la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

“Nos vamos a concentrar en lo que realmente importa a la gente: salud, educación, seguridad, atención a la infancia a través del DIF y los programas que hemos construido con tanto esfuerzo como NutriChihuahua y MediChihuahua”, sostuvo.

En este marco, la mandataria estatal destacó que se están tomando medidas para asegurar la sostenibilidad financiera, reforzando la disciplina fiscal y mejorando la eficiencia recaudatoria. El objetivo es amortiguar el efecto económico de la reforma sin sacrificar los servicios fundamentales ni los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Campos Galván reiteró que el bienestar de las familias chihuahuenses seguirá siendo la prioridad, y que su gobierno mantendrá una administración responsable, aún frente a los desafíos que representan los cambios impulsados desde el ámbito federal.