A poco más de un año para la inauguración del Mundial 2026, un nuevo conflicto ha surgido en torno al Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca: los propietarios de palcos han iniciado acciones legales para defender su derecho de acceso durante la justa internacional. La tensión crece conforme se aproxima el evento y las autoridades del inmueble continúan sin ofrecer soluciones claras.

El primer paso legal ya fue dado. Uno de los palcohabientes presentó una demanda ante la PROFECO, respaldado por la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, buscando garantías para usar su espacio durante el torneo. El secretario general de la asociación, Roberto Ruano, confirmó que continúan negociando con el estadio, aunque también están asesorando legalmente a sus afiliados.

Desde 2024, los dueños de estos espacios fueron notificados informalmente sobre la posibilidad de quedar excluidos del Mundial, lo que generó inconformidad inmediata. Pese a las reiteradas solicitudes de información, la administración del estadio solo ha pedido “paciencia”, argumentando que aún están en pláticas con la FIFA.

En redes sociales, la cuenta oficial del inmueble respondió con evasivas: “Todo está avanzando bien con FIFA para resolver tema de palcos. En lugar de inventar, ¡mejor preguntar!”, sin ofrecer detalles ni certezas. Esta falta de transparencia ha sido señalada por los representantes legales de los palcohabientes como una violación al derecho a la información.

Contrario a lo que se ha especulado, los propietarios no buscan frenar la remodelación del estadio, sino que exigen el respeto a los contratos, los cuales les otorgan el uso de los palcos por hasta 99 años, con vencimiento aún distante, dentro de cuatro décadas.

La estrategia actual combina negociaciones directas con un plan jurídico firme. Ya se ha conformado un equipo legal para escalar el caso a instancias civiles o penales, de no alcanzarse un acuerdo. Además, la PROFECO ha citado a audiencia a ambas partes para el mes de mayo, con la intención de lograr una conciliación o continuar el proceso por vía judicial.

Este episodio marca el inicio de una disputa clave entre intereses comerciales y los compromisos adquiridos por México como sede inaugural del Mundial 2026, mientras los palcohabientes luchan por lo que consideran un derecho legítimo ante una administración que, por ahora, solo ha ofrecido silencio.