En un país donde la conectividad es clave para el desarrollo, el gobierno federal ha puesto en marcha un ambicioso programa de infraestructura carretera con el objetivo de fortalecer la movilidad y reducir brechas regionales. Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, presentaron el balance y la proyección del plan para 2025.

Prioridad en conectividad estratégica
El programa contempla un presupuesto de 12,505 millones de pesos para la construcción de 16.13 kilómetros de nuevas vialidades, distribuidas en entidades con necesidades estratégicas de movilidad. Colima lidera la lista con ocho proyectos, seguido de Veracruz, Nayarit y Morelos. Además, se reportan obras en Baja California Sur, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.

Más allá de la extensión territorial cubierta, la apuesta gubernamental radica en garantizar una conectividad que favorezca el desarrollo económico, el acceso a servicios y la reducción de tiempos de traslado. “Cada peso invertido en infraestructura carretera tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la conectividad del país con justicia territorial”, enfatizó Esteva Medina.

El mantenimiento y caminos artesanales
La conservación de la red vial también ocupa un lugar prioritario en el plan, con la continuidad del programa Bachetón, destinado a reparar tramos dañados y mejorar condiciones de circulación. Este esfuerzo busca reducir accidentes, mejorar la seguridad vial y optimizar la movilidad en regiones clave.

Además, el gobierno refuerza su apuesta por caminos artesanales, un modelo de infraestructura dirigido a comunidades rurales con difícil acceso. Estos caminos se construyen a través de participación local, utilizando materiales disponibles en cada región, promoviendo empleo comunitario y reduciendo costos de operación.

¿Sostenibilidad o discurso político?
La administración federal asegura que todos los proyectos cumplen con criterios de sostenibilidad y rendición de cuentas. Sin embargo, expertos advierten que el reto no solo está en la ejecución, sino en la fiscalización y transparencia del gasto.

¿Será este plan la llave para una conectividad equitativa o terminará como un discurso político sin impacto real?