Ciudad de México – En un triunfo sin precedentes contra la corrupción, México logró recuperar 748 millones 829 mil 676 dólares tras ganar el juicio civil contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. El fallo, emitido por una jueza en Florida, obliga a ambos a reembolsar al Estado mexicano los fondos desviados entre 2009 y 2018 mediante contratos fraudulentos.

Un Juicio Histórico

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, explicó que el proceso, iniciado en 2021, reveló una red de corrupción operada desde dependencias federales como la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario. A través de 30 contratos irregulares, fueron desviados más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos a empresas fachada.

“Fue un mecanismo fraudulento que trasladó dinero público a cuentas privadas, muchas de ellas en EE.UU.”, indicó Gómez.

Estructura del Fraude Financiero

El proceso legal incluyó dos demandas independientes:

Contra García Luna por 250 millones de dólares

Contra Pereyra por 580 millones de dólares, debido al hallazgo de recursos adicionales.

La jueza determinó que los fondos eran de origen público y resultado de corrupción. Algunas de las empresas involucradas en la triangulación de recursos incluyen:

“Estas compañías funcionaban como intermediarias para desviar fondos gubernamentales hacia cuentas privadas. Parte del dinero financió campañas políticas”, detalló el funcionario.

Reacciones Oficiales

La Presidenta Claudia Sheinbaum, presente en la conferencia matutina, celebró el fallo judicial. “Desde 2021 se entregaron pruebas sólidas que demostraron que el dinero era público. Este resultado expone cómo operaban altos exfuncionarios de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto”, declaró.

Además, denunció que, mientras en EE.UU. se resolvía el caso a favor de México, jueces mexicanos seguían otorgando amparos a los implicados, permitiendo el descongelamiento de cuentas.

Perspectivas Futuras

El fallo también afecta a una red de al menos 15 empresas vinculadas al esquema de corrupción. La UIF trabaja en acuerdos de recuperación de activos con algunas de ellas.

Aunque la sentencia en EE.UU. representa un avance clave, el caso sigue abierto en tribunales mexicanos. Se busca determinar el uso político del dinero desviado y fincar responsabilidades penales y administrativas.

Finalmente, Gómez hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional contra la corrupción y destacó que la recuperación de activos seguirá siendo una prioridad nacional. “Esta victoria no es solo legal, también demuestra que la corrupción no quedará impune. El dinero del pueblo debe regresar al pueblo”, concluyó.