Trump revoca el parole humanitario y desata incertidumbre entre comunidades migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado a la administración de Donald Trump a revocar de manera inmediata el estatus legal temporal de más de 532,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Con una votación de 7-2, el máximo tribunal permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminar los programas de parole humanitario, una medida que había sido implementada por el gobierno de Joe Biden para ofrecer protección a quienes huían de crisis económicas y políticas en sus países de origen.

La decisión del tribunal suspende una orden previa de la jueza federal Indira Talwani, quien había bloqueado la revocación masiva del programa al considerar que la ley de inmigración exige que cada caso sea evaluado individualmente. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema permite al gobierno de Trump proceder con la cancelación sin necesidad de revisiones caso por caso, lo que podría acelerar la deportación de cientos de miles de personas.

Impacto en las comunidades migrantes

El programa de parole humanitario, implementado en 2022 y ampliado en 2023, permitió a los migrantes ingresar legalmente a EE.UU. por un período de dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad. La revocación de este estatus deja a miles de personas en una situación de incertidumbre, con el riesgo de ser deportadas en los próximos meses.

Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, quienes votaron en contra de la decisión, advirtieron sobre las “devastadoras consecuencias” de permitir que el gobierno elimine de manera abrupta las protecciones legales de los migrantes. En su opinión disidente, Jackson señaló que la medida “trastorna precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes”.

El contexto político y la estrategia migratoria de Trump

La decisión de la Corte Suprema se suma a una serie de medidas impulsadas por la administración Trump para endurecer las políticas migratorias. Apenas dos semanas antes, el tribunal había permitido la revocación de las protecciones legales de 350,000 venezolanos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). Estas acciones refuerzan la estrategia del gobierno republicano de restringir la inmigración legal y aumentar las deportaciones masivas.

El fiscal general D. John Sauer, representante del gobierno de Trump ante la Corte Suprema, argumentó que evaluar cada caso individualmente sería una “tarea colosal”, justificando así la necesidad de una revocación generalizada. Por su parte, los abogados de los beneficiarios del parole han instado al tribunal a reconsiderar la decisión, señalando que la medida viola la ley federal de inmigración y pone en peligro la estabilidad de miles de familias.

¿Qué sigue para los migrantes afectados?

Con la revocación del parole humanitario, los migrantes afectados enfrentan dos opciones: abandonar EE.UU. voluntariamente o arriesgarse a una deportación acelerada bajo el proceso de expedited removal. La incertidumbre sobre el futuro de estas personas ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de la inmigración, quienes han calificado la medida como una estrategia de exclusión y racismo institucional.

Mientras el gobierno de Trump avanza con su agenda migratoria, los migrantes y sus patrocinadores estadounidenses continúan buscando alternativas legales para impugnar la decisión y evitar la deportación. La batalla judicial aún no ha terminado, y se espera que el caso siga desarrollándose en tribunales inferiores en los próximos meses.