El atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay ha puesto en evidencia la creciente influencia del crimen organizado en la política de la región. Con nexos que atraviesan fronteras, desde el Cártel de Sinaloa hasta estructuras de sicarios en Colombia, el ataque ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la seguridad de los candidatos en zonas controladas por el narcotráfico.

Uribe Turbay había solicitado refuerzos en su equipo de seguridad antes de iniciar su campaña en departamentos como Tolima y Santander, donde el Cártel de Sinaloa mantiene una presencia activa. Sin embargo, al momento del ataque, su escolta se había reducido a la mitad de elementos, lo que ha generado críticas sobre las medidas de protección asignadas a figuras públicas en el país sudamericano.

Investigaciones y pistas transnacionales
El arma utilizada en el atentado fue rastreada hasta su punto de origen: Arizona, Estados Unidos. Ante esta revelación, el Departamento de Estado norteamericano informó que colaborará en la investigación, al considerar que el tráfico de armas desde territorio estadounidense ha facilitado acciones violentas en Latinoamérica.

Las conexiones con México también han llamado la atención. Fuentes diplomáticas han señalado que varios aspectos del caso conducen al crimen organizado mexicano. Además de la presencia del Cártel de Sinaloa en Colombia, la elección de un sicario menor de edad, estrategia que ha sido detectada en recientes operativos en Sinaloa, refuerza la sospecha de vínculos entre ambas estructuras criminales.

Reacciones internacionales y medidas de seguridad
En Estados Unidos, el atentado contra Uribe Turbay coincidió con el anuncio de nuevas sanciones contra Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, marcando un aumento en la presión internacional contra el narcotráfico mexicano. Omar García Harfuch, desde México, secundó las medidas y reforzó la postura del gobierno ante el crimen organizado.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una mesa de seguridad conjunta entre México, Colombia y Estados Unidos con el objetivo de frenar la expansión del crimen organizado en la región. Parte de esta estrategia busca analizar el intercambio de sicarios y el flujo de armamento entre países, elementos clave en la investigación del atentado.


Todo indica que la política y el crimen organizado siguen siendo socios estratégicos en Latinoamérica. Mientras los gobiernos se apresuran a firmar acuerdos de seguridad y anuncian “nuevas medidas”, los carteles se adaptan, cruzan fronteras y desarrollan tácticas cada vez más sofisticadas. Al final del día, queda la duda: ¿son los gobiernos los que persiguen al crimen o el crimen el que marca la agenda política?