Washington, 12/06/2025 – Las redadas migratorias emprendidas por el gobierno del presidente Donald Trump se han intensificado en todo Estados Unidos, alcanzando 38 ciudades en al menos 24 estados. Lo que comenzó hace siete días en Los Ángeles con operativos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha evolucionado hacia una movilización nacional en rechazo a estas medidas.

Operativos y el despliegue de la Guardia Nacional

Las acciones migratorias han generado una respuesta inmediata de las comunidades afectadas. En las últimas horas, el gobierno estadounidense ha enviado unidades de la Guardia Nacional a diez ciudades clave, incluyendo Nueva York, Chicago, Washington D.C. y Filadelfia, en un intento por contener las crecientes manifestaciones.

Las protestas iniciaron el viernes en Los Ángeles, donde la presencia de ICE desencadenó movilizaciones masivas. Conforme los operativos se extendieron a otras localidades, organizaciones pro derechos humanos y grupos de defensa de inmigrantes han exigido un alto a las redadas y deportaciones, generando un pulso entre activistas y autoridades federales.

La postura de los estados frente a las medidas federales

A pesar de la oleada de protestas, el gobierno ha reiterado que seguirá adelante con su estrategia de redadas. No obstante, la respuesta ha variado significativamente según cada estado.


En Nueva York, agentes de ICE y la Administración de Control de Drogas (DEA) llevaron a cabo operativos a pesar de las declaraciones del alcalde Eric Adams, quien aseguró que la ciudad no cooperaría con las medidas antimigratorias impulsadas por Trump.

Chicago, por su parte, reafirmó su postura como ciudad santuario al negarse a participar en los operativos federales, mientras que Filadelfia, Phoenix, Denver, Miami, Atlanta y San Diego han sido epicentros de redadas a gran escala desde el inicio de la administración, lo que ha desatado una resistencia constante por parte de activistas y defensores de inmigrantes.

Impacto social y reacción internacional

Mientras los operativos continúan, el impacto sobre las comunidades migrantes se torna cada vez más visible. Decenas de familias han sido separadas, empresas han reportado una caída en la presencia de trabajadores en sectores clave como la agricultura y la construcción, y la incertidumbre ha generado un éxodo silencioso de personas que temen ser deportadas.

Organizaciones internacionales han comenzado a pronunciarse sobre la situación en EE.UU., instando al gobierno a revisar sus políticas migratorias. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado medidas de protección para los inmigrantes, señalando que las deportaciones masivas vulneran los derechos humanos y generan un clima de miedo e inestabilidad.

¿seguridad o estrategia política?

El discurso de seguridad nacional ha sido el argumento central de la administración Trump para justificar la expansión de las redadas migratorias. Sin embargo, el contexto político no puede ignorarse. En un año preelectoral, las políticas de inmigración han sido utilizadas como herramienta de movilización para su base de votantes, reforzando la imagen de un gobierno que supuestamente impone orden y control.


Pero, ¿qué tan efectiva es esta estrategia? Más allá del discurso oficial, los costos humanos y económicos de las redadas son evidentes. Las separaciones familiares, la afectación a sectores laborales esenciales y el clima de incertidumbre social sugieren que la seguridad es solo una parte de la ecuación.

La migración en EE.UU. es un fenómeno estructural que difícilmente se resolverá con operativos punitivos, y más bien, requeriría una revisión profunda de las políticas laborales y acuerdos internacionales.

La pregunta sigue abierta: ¿Son las redadas un mecanismo de seguridad legítimo o una estrategia electoral disfrazada de política migratoria?