Se hace del conocimiento público que actualmente se encuentra en trámite el procedimiento civil de extinción de dominio, expediente 793/2024, promovido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en el que se busca que los bienes asegurados a dicha empresa sean adjudicados de manera definitiva al Estado, dejando fuera a las más de 4,355 víctimas oficialmente reconocidas por sentencia penal firme.

La sentencia penal dictada en la causa 3506/2023, actualmente en etapa de ejecución bajo la carpeta 296/2025, reconoce que el dinero fue legítimamente entregado por el público inversionista y ordena expresamente que todos los bienes asegurados, y los que se localicen con posterioridad, sean destinados a la reparación del daño a las víctimas a través del fideicomiso FANVI.

Además, la misma sentencia designa al M.D.P Luis Alberto Benavides Rojas como liquidador judicial, con la responsabilidad de identificar, administrar y liquidar los bienes para cumplir con esa reparación, bajo la estricta supervisión del tribunal de ejecución penal

Sin embargo, el procedimiento de extinción de dominio, en abierta contradicción, presume que dichos recursos son de procedencia ilícita, y por tanto no reconoce a las personas defraudadas como víctimas, sino como parte del circuito delictivo, lo cual es jurídicamente insostenible y profundamente injusto.

La medida cautelar de aseguramiento dictada dentro del juicio de extinción de dominio se ha tramitado sin notificar ni emplazar a las víctimas, y sin reconocer el mandato judicial firme que establece el destino prioritario de los bienes a la reparación del daño. De ejecutarse esta acción sin control judicial, los bienes podrían pasar de forma definitiva al Estado, sin posibilidad de que las víctimas recuperen lo que en justicia les corresponde.

Ante esta amenaza, un grupo de víctimas representado por el M.D.F. Alejandro Esquer Padilla así como también victimas representadas por el licenciado Felipe Acosta han promovido juicio de amparo indirecto,solicitando la suspensión de los actos reclamados y la protección de la justicia federal. El caso se encuentra actualmente bajo análisis del Poder Judicial de la Federación.

Llamado a la acción y a la defensa del interés público

Hacemos un enérgico llamado a:
• Las víctimas, para que se informen, se organicen y defiendan su derecho reconocido;
• Los medios de comunicación, para que expongan esta grave contradicción legal;
• Las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, para que acompañen este proceso y eviten una nueva forma de revictimización institucional;
• Y a las autoridades judiciales y gubernamentales, para que respeten el estado de derecho y acaten la sentencia penal firme y su ejecución.