El 9 de junio, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue internado de emergencia en el Centro Médico ABC de Santa Fe por una obstrucción coronaria severa. A sus 85 años, el funcionario fue sometido a un cateterismo el 11 de junio, procedimiento en el que se le colocaron dos válvulas tras detectarse bloqueos críticos en la arteria descendente anterior y la coronaria derecha. La intervención fue realizada por el cardiólogo Carlos Alberto Merigo Azpiri, según reveló el periodista Salvador García Soto en su columna para El Universal.

El fiscal permaneció cinco días en el área de medicina crítica con diagnóstico “delicado” y pronóstico “reservado”. El 14 de junio, su familia decidió trasladarlo a su domicilio ante “problemas de confidencialidad” en el hospital. Desde entonces, su estado ha sido descrito como “delicado, aunque estable”, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) ni el propio Gertz hayan emitido un comunicado oficial.

La opacidad en torno a su salud ha generado inquietud. No se trata solo de un asunto personal: la salud del titular de la FGR tiene implicaciones directas en la conducción de investigaciones clave y en la operatividad de una institución que arrastra un rezago estructural y una impunidad estimada en 99%. La falta de protocolos claros de sucesión y transparencia institucional se vuelve aún más crítica si se considera que, durante la pandemia de COVID-19, Gertz ya se ausentó por motivos de salud, dejando la Fiscalía en manos de su colaborador más cercano, Juan Ramos López, quien falleció en 2023.

El silencio oficial contrasta con la relevancia del cargo. Mientras algunos periodistas, como Joaquín López-Dóriga, han intentado desmentir la hospitalización, García Soto presentó una nota médica que confirma el procedimiento y la gravedad del cuadro clínico. La ciudadanía, en un contexto de creciente desconfianza institucional, merece claridad sobre la capacidad del fiscal para continuar en funciones.

La salud de Gertz Manero no es solo un tema médico, sino un asunto de Estado. La discreción con la que se manejó su internamiento puede entenderse desde la perspectiva de la privacidad, pero también plantea interrogantes sobre la responsabilidad pública de informar. En un país donde la justicia se percibe lejana y la rendición de cuentas es escasa, el silencio institucional no ayuda.