Por Redacción:

La tensión entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus proveedores alcanzó un nuevo punto crítico este jueves, luego de que la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) advirtiera sobre un posible paro de actividades a partir de julio si no se resuelven los adeudos pendientes. La advertencia fue expuesta públicamente durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien descartó categóricamente que el escenario se materialice: “No va a pasar. No hay riesgo”, afirmó.

Según datos oficiales, Pemex ha pagado 147 mil millones de pesos en lo que va del año, pero aún enfrenta una deuda reconocida de más de 400 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil millones corresponden a servicios prestados por empresas afiliadas a AMESPAC. La asociación sostiene que la falta de pagos ha comprometido gravemente el flujo de caja de las compañías, muchas de las cuales ya han reducido operaciones o enfrentan riesgo de cierre.

Advertencia empresarial y respuesta oficial

En una carta dirigida a la presidenta, al secretario de Hacienda, Edgar Amador, y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, AMESPAC solicitó la instalación urgente de mesas de trabajo para liberar la facturación de 2024 y establecer un programa de pagos que permita saldar los adeudos históricos. La asociación advirtió que, de no atenderse la situación, la continuidad operativa del sector petrolero podría verse comprometida.

Por su parte, Sheinbaum aseguró que Pemex y la Secretaría de Hacienda ya trabajan en un mecanismo financiero para resolver el problema, aunque no ofreció detalles sobre el calendario de pagos ni sobre los instrumentos que se utilizarán.

Analistas del sector energético han advertido que un paro técnico de proveedores podría afectar la producción nacional de hidrocarburos, comprometer empleos y generar disrupciones en la cadena de suministro. Actualmente, solo 26 de los 59 equipos de perforación activos en 2024 siguen operando, lo que refleja el deterioro operativo derivado de la falta de liquidez.

La situación se presenta en un contexto de recorte presupuestal para Pemex y una creciente presión sobre las finanzas públicas. Mientras tanto, el sector privado exige certidumbre y cumplimiento de contratos para evitar un colapso operativo que podría tener consecuencias estructurales para la seguridad energética del país.