En tiempos donde la desinformación se propaga con la velocidad de un mensaje reenviado, resulta reconfortante presenciar un acto tan elemental como valiente: un servidor público que no se esconde, no delega, no minimiza. Se presenta. Escucha. Y responde.

Esto fue precisamente lo que ocurrió en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, cuando una confusión, provocada por el mal uso de la palabra de una lideresa popular, derivó en aglomeraciones de personas en situación de discapacidad que creyeron, falsamente, que ese sería su último día para recibir apoyos.

Frente al caos, el secretario Rafael Loera Talamantes eligió la vía más directa: salir a hablar con la gente. No tras un escritorio, no por medio de boletines, sino cara a cara con quienes exigen respuestas. Su presencia restableció la calma, devolvió claridad y reafirmó que la atención digna no es un privilegio, sino un derecho.

En contraste, un pequeño grupo prefirió aferrarse a la confrontación, incluso buscando “documentar” la conformidad de los demás como si la paz social fuera una traición. Esa actitud, lejos de deslegitimar el momento, confirma la necesidad de redoblar esfuerzos contra el clientelismo que se disfraza de ayuda popular.

El mensaje que dejó el funcionario es claro y contundente: las puertas del gobierno no requieren intermediarios ni permisos. A cada persona le asiste el derecho de acercarse por sí misma, libre de coyotes y sin etiquetas políticas.

Que esto siente un precedente. Que cada funcionario vea en la escucha activa no una carga, sino una oportunidad para gobernar con empatía. Y que la ciudadanía recuerde que la institucionalidad también se construye con gestos valientes como este.