Ciudad de México / Washington D.C. — Alfonso Romo Garza, empresario regiomontano y exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta el mayor escándalo de su carrera: su firma financiera, Vector Casa de Bolsa, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las instituciones que presuntamente facilitaron operaciones de lavado de dinero para cárteles mexicanos vinculados al tráfico de fentanilo.

“Vector facilitó el movimiento de millones de dólares entre México, Estados Unidos y China, en beneficio de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”, señala el informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

La acusación no solo sacude al sector financiero, sino que reaviva cuestionamientos sobre la cercanía entre Romo y el expresidente López Obrador. Romo no fue un asesor cualquiera: coordinó el Proyecto de Nación 2018-2024, fungió como enlace con empresarios durante la campaña presidencial y ocupó un cargo clave en Palacio Nacional entre 2018 y 2020.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando”, escribió AMLO en 2020, tras su salida formal del gobierno.

Durante su gestión, Romo fue el puente entre el gobierno y la élite empresarial, y su influencia se mantuvo incluso después de dejar el cargo. Vector, su firma insignia, continuó operando con normalidad, gestionando más de 11 mil millones de dólares en activos.

Ahora, bajo la Ley FEND Off Fentanyl, el Tesoro estadounidense ha prohibido cualquier transferencia de fondos hacia o desde Vector en el sistema financiero de EE. UU., al considerar que la firma permitió pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos y lavó más de 2 millones de dólares a través de una “mula financiera” del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Hacienda mexicana ha solicitado pruebas concretas, mientras que Vector niega categóricamente los señalamientos y asegura operar bajo estrictos estándares regulatorios.
Pero la pregunta que flota en el aire es inevitable:

¿cómo una firma tan cercana al poder pudo pasar inadvertida durante años por los sistemas de control financiero?