Desde principios de semana, se ha gestado un movimiento inusualmente discreto pero contundente entre algunas de las principales entidades bancarias que operan en México. Frente a las sospechas de vínculos con el narcotráfico—una amenaza reputacional de alto impacto—los bancos han comenzado a mover sus fichas en Washington para evitar una crisis sistémica. Este análisis examina los actores, las estrategias, y lo que está realmente en juego para la banca mexicana.

El hecho de que varias instituciones financieras —presuntamente señaladas, como Vector, Intercam y CI Banco— hayan recurrido a firmas de cabildeo con fuertes vínculos políticos en Estados Unidos apunta a una estrategia preventiva: ganar tiempo y espacio diplomático antes de que el Departamento del Tesoro emita sanciones formales.

La entrada en escena de Ballard Partners, con nexos conocidos al aparato político republicano y a figuras influyentes como Susie Wiles o Marco Rubio, no es fortuita. En el lenguaje del poder, la apertura de una oficina en la Ciudad de México representa más que una jugada de expansión; es un mensaje claro de intervención directa.

Más allá de proteger inversiones, se trata de contener un efecto dominó que podría replicar el caso HSBC, cuando el banco fue forzado a una reestructuración tras confirmarse operaciones vinculadas al crimen organizado.

“Los bancos están enfrentando una tormenta perfecta: regulación asimétrica, tensiones geopolíticas y presión reputacional. El movimiento hacia Washington es lógico pero también evidencia la fragilidad institucional en casa”, explica Ana María Salazar, experta en seguridad y exasesora del Pentágono.

“La apertura de veedurías externas es un mecanismo drástico, pero efectivo. Si el Tesoro las acepta, estaríamos hablando de una intervención cuasi diplomática sobre el sistema bancario mexicano”, advierte José Luis de la Cruz, economista del IDIC.

El cabildeo bancario en Washington no es nuevo, pero esta vez sugiere una operación de contención de crisis en tiempo real. Más que un escándalo financiero aislado, lo que se vislumbra es una puja por sostener la confianza internacional y evitar el colapso reputacional de actores clave en la economía mexicana. La gestión que haga el gobierno mexicano será crítica, no solo por lo que representa para el sector bancario, sino para el futuro inmediato del país ante los ojos del Tesoro estadounidense.

El precedente más cercano y didáctico es el caso HSBC (2012), cuando se descubrió que se utilizaron sus canales para lavar dinero del Cártel de Sinaloa. El banco terminó pagando la segunda mayor multa en la historia financiera estadounidense y aceptando la presencia de supervisores estadounidenses en su operativa global. Esa narrativa parece reactivarse en 2025, con una diferencia: esta vez, son varias entidades y el contexto político binacional es aún más frágil.