Ciudad de México, 10 de julio de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, demandó este jueves al Gobierno de Estados Unidos que presente pruebas concretas sobre las acusaciones de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado que pesan sobre las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Las declaraciones de la mandataria se producen un día después de que el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a estas tres entidades en una lista de observación por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Nuestra posición es clara: si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no las hay, no se puede actuar, como en cualquier delito”, enfatizó Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La presidenta reveló que, semanas atrás, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda fueron notificadas por autoridades estadounidenses sobre una investigación en curso contra las mencionadas instituciones. Sin embargo, insistió en que las acusaciones carecen, hasta el momento, de evidencia sólida que sustente las sospechas de Washington.

Sheinbaum subrayó el compromiso de su administración con el combate a la impunidad y la corrupción, pero destacó que cualquier acción debe basarse en pruebas verificables. “No vamos a permitir que se estigmatice a instituciones mexicanas sin fundamentos claros. Exigimos transparencia y cooperación bilateral para esclarecer este caso”, añadió.

El señalamiento del Departamento del Tesoro ha generado preocupación en el sector financiero mexicano, ya que la inclusión en esta lista podría implicar restricciones en las operaciones internacionales de las entidades señaladas. Por ahora, el Gobierno mexicano espera una respuesta oficial de Estados Unidos que detalle las acusaciones y permita avanzar en las investigaciones correspondientes.

La postura de Sheinbaum refleja un equilibrio entre la defensa de la soberanía nacional y la disposición a colaborar con autoridades internacionales, siempre que se presenten pruebas contundentes. Mientras tanto, las instituciones afectadas no han emitido comentarios oficiales, y el caso continúa generando debate en el ámbito político y financiero de México.