Este viernes 11 de julio, en una corte federal del Distrito Norte de Illinois, Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, enfrentará una audiencia que podría trascender los límites del sistema judicial. Acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, “El Ratón” se perfila como pieza clave no solo para desarticular redes del narcotráfico, sino también para exponer posibles pactos políticos que durante años habrían sostenido esas estructuras.

El caso: más que una confesión, Ovidio ha manifestado su intención de declararse culpable. Aunque el procedimiento obedece al marco legal estadounidense, el verdadero giro podría venir si decide colaborar con las autoridades. Su testimonio, en calidad de testigo protegido, podría implicar a figuras públicas, desde gobernadores y alcaldes hasta legisladores federales que, según versiones judiciales, facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Chicago: epicentro logístico del Cártel, Desde al menos 2008, Chicago funcionó como nodo operativo de distribución para el Cártel de Sinaloa. Gracias a su infraestructura y ubicación estratégica, la ciudad se convirtió en puerta de entrada de cocaína, metanfetaminas y, posteriormente, fentanilo. Operadores locales colaboraban con los Guzmán para movilizar cargamentos ocultos en camiones y almacenarlos en bodegas clandestinas.

El auge de esta red se dio a partir de alianzas como la que existió con los hermanos Pedro y Margarito Flores, quienes entre 2005 y 2008 llegaron a mover hasta dos toneladas mensuales de droga y enviar más de 1,800 millones de dólares en efectivo hacia México. Pese a convertirse en testigos protegidos de la DEA, la red se rearticuló bajo el liderazgo de Ovidio y sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López.

¿Un juicio que expone pactos encubiertos?
Las repercusiones de este proceso podrían ir más allá del ámbito criminal:

Implicación de figuras públicas: el testimonio podría mencionar a funcionarios que facilitaron el trasiego de drogas. Aunque no se presenten pruebas físicas, el sistema judicial de EE.UU. permite abrir investigaciones en función de dichos testimonios.

Narrativa del narcoestado: de confirmarse pactos entre instituciones mexicanas y el cártel, se reforzaría la percepción de una infiltración sistemática del crimen organizado en estructuras gubernamentales.

Fricciones diplomáticas: la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado de incongruente la colaboración entre EE.UU. y un capo que Washington considera parte de una organización terrorista. Si se revelan omisiones en operativos como el “Culiacanazo”, las tensiones bilaterales podrían escalar.

Reconfiguración criminal: la revelación de rutas, socios y operadores pondría en riesgo a las facciones del cártel, especialmente si compromete a “Los Chapitos” o a Ismael “El Mayo” Zambada. Esto podría derivar en disputas internas y violencia en regiones sensibles.

Impacto político: se especula sobre el posible financiamiento ilícito de campañas, incluso en partidos como Morena. Aunque no haya pruebas directas, la sola mención en una corte estadounidense podría significar un golpe reputacional devastador.


Más que un juicio, lo que se juega en Chicago es el potencial desmantelamiento de un sistema donde el narcotráfico y la política habrían coexistido en silencio. Ovidio Guzmán podría pasar de ser un capo juzgado a un narrador crucial del pacto político-criminal que ha marcado a México por décadas. Si sus declaraciones son estratégicas, no sólo desvelarán redes delictivas… podrían desmontar el aparato institucional que las sostuvo.