Chihuahua.— El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, presentó los avances más recientes en la investigación por el delito de peculado agravado, relacionado con un presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal. La información fue dada a conocer durante un desayuno informativo ofrecido por la Fiscalía, donde también participaron funcionarios del área de Comunicación Social.

Durante el evento, se detalló que en la carpeta de investigación están implicados el exsecretario de Hacienda, un particular identificado con las siglas C.P.L., y el titular del Ejecutivo estatal en funciones, quien por el momento goza de inmunidad constitucional debido a su fuero.

El caso se originó a partir de una auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual detectó irregularidades en la contratación del despacho jurídico López Díaz, al cual se le habrían pagado millones de pesos durante trámites relacionados con la deuda pública de Chihuahua, sin que existieran entregables que justificaran dichos pagos. Según la normatividad vigente en aquel entonces, esa contratación era improcedente.

Inicialmente, la ASE clasificó los hechos como uso ilegal de atribuciones y facultades, un delito con alto riesgo de prescripción. Sin embargo, la Fiscalía logró reclasificarlo como peculado agravado, respaldada por pruebas documentales, peritajes técnicos, análisis contables y declaraciones ministeriales.

Gracias a esta correcta tipificación y el sustento técnico-jurídico del expediente, se emitieron dos nuevas órdenes de aprehensión contra otros presuntos involucrados en el manejo indebido de recursos públicos.

Uno de los señalados, identificado como A.F.V., promovió un juicio de amparo en mayo de 2023 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Chihuahua para intentar invalidar la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, el pasado 3 de julio, un juez federal ratificó la legalidad de dicha orden, al confirmar tanto la existencia del delito como la posible responsabilidad del imputado.

“El compromiso de esta Fiscalía es claro: llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias, con estricto apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos”, afirmó el fiscal Valenzuela.

También destacó que ninguna carpeta de investigación relacionada con este caso ha sido desechada en tribunales, y que todos los amparos presentados por los imputados han sido resueltos en favor del Ministerio Público.

Finalmente, subrayó que la investigación ha alcanzado todos los niveles de responsabilidad, desde quienes autorizaron los pagos hasta quienes resultaron beneficiados directamente.

“Este caso deja claro que nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo o posición que haya ocupado”, concluyó el fiscal Anticorrupción.