Chihuahua.– Representantes legales de personas afectadas por el caso ARAS anunciaron su decisión de abandonar las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que no existen avances reales en la ejecución de la sentencia 3506/23, la cual ordena la restitución de bienes adquiridos con recursos de los inversionistas.

Mariano Cordero Burciaga, asesor jurídico del grupo de víctimas, denunció que las reuniones sostenidas con la Fiscalía se han convertido en un proceso estéril y meramente dilatorio. Acusó que las fechas de seguimiento son constantemente modificadas y que las negociaciones han sido delegadas a funcionarios sin capacidad de decisión, lo cual representa una violación a los acuerdos establecidos desde el inicio.

Uno de los puntos que detonó el rompimiento fue la publicación de un edicto en el Diario Oficial del Estado, en el que se plantea la extinción de dominio sobre diversos bienes vinculados al caso. Según Cordero, esa medida contradice lo establecido en la sentencia firme, que reconoce que dichos bienes fueron adquiridos con dinero legítimo de los afectados, y no con recursos de procedencia ilícita, como sostiene la FGE.

Durante los últimos años, el equipo jurídico ha entregado a la Fiscalía propuestas técnicas, como un cronograma de trabajo y un proyecto de fideicomiso para canalizar la reparación del daño. Sin embargo, afirman que no han recibido respuestas concretas. “Solo hay discursos, pero ninguna acción que respalde la voluntad de resolver”, afirmó Cordero en un comunicado dirigido al subfiscal Francisco Sáenz.

Ante la falta de resultados, los afectados anunciaron tres líneas de acción: investigar el destino de bienes asegurados que presuntamente han desaparecido, localizar propiedades que no fueron incautadas y detectar a funcionarios que pudieron haber incurrido en omisiones. También anticiparon que llevarán el caso ante instancias nacionales e internacionales de justicia y derechos humanos.

Asimismo, anunciaron que trasladarán sus demandas al nuevo gobierno estatal, con la esperanza de que exista mayor voluntad para atender el caso y garantizar una reparación integral del daño, sin que se revictimice a los afectados mediante procesos burocráticos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido una postura oficial respecto al rompimiento del diálogo.