Dos empresarios mexicanos con residencia en Texas fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber sobornado a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. El caso, que involucra artículos de lujo, vínculos con cárteles y una red de complicidades, amenaza con sacudir los cimientos de la petrolera estatal y salpicar a figuras clave del oficialismo mexicano.

Los acusados y el esquema Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, presidente de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche y ex funcionario de Pemex, enfrentan cargos por conspiración y violaciones sustanciales a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Según la acusación formal presentada en el Distrito Sur de Texas, ambos habrían pagado al menos 150,000 dólares en sobornos —incluyendo relojes Hublot, bolsos Louis Vuitton y pagos en efectivo— a tres funcionarios de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los beneficios obtenidos por las empresas vinculadas a Rovirosa ascienden a más de 2.5 millones de dólares en contratos. Mientras Rovirosa ya fue arrestado y presentado ante un juez federal, Ávila permanece prófugo.

Vínculos políticos y operadores clave

Más allá de los sobornos, lo que inquieta a la administración de la Cuarta Transformación es la cercanía de los acusados con Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado. El nexo entre los empresarios y el político tabasqueño es Marcos Herrería Alamina, ex director corporativo de Administración y Servicios en Pemex, señalado como operador financiero y arquitecto de esquemas de corrupción dentro de la petrolera.

Herrería ha sido acusado de diseñar mecanismos de desvío mediante contratos adjudicados directamente, factoraje financiero opaco y favoritismo a empresas como Protexa. Su influencia se extiende incluso al Infonavit, donde recientemente fue nombrado secretario general y jurídico.

Contexto institucional

Este escándalo emerge en un momento crítico para Pemex, justo cuando se presentó el Plan Estratégico 2025–2030, que busca atraer inversión privada para reactivar la producción y sanear las finanzas de la empresa. La revelación de sobornos y vínculos con el crimen organizado podría comprometer la credibilidad del plan y disuadir a potenciales socios internacionales.

Además, el caso revive las preocupaciones sobre la persistencia de redes de corrupción en Pemex, a pesar del discurso oficial de combate frontal a la impunidad. La investigación está siendo liderada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., con posibles repercusiones legales en México para los funcionarios involucrados.

La acusación contra Rovirosa y Ávila no solo expone un esquema de corrupción transnacional, sino que también pone en evidencia las conexiones entre empresarios, operadores políticos y funcionarios públicos en el corazón de la principal empresa estatal mexicana. En un sexenio que prometió erradicar la corrupción, este caso podría convertirse en un parteaguas para evaluar si las promesas se sostienen ante los hechos.

Este reportaje se elaboró con información de notas publicadas en La Política Online, El Economista, Reporte Índigo, Animal Político.