Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El Congreso del Estado exhortó al DIF Estatal y a la Fiscalía General a informar sobre las acciones tomadas en el caso de una niña indígena de 11 años de Hidalgo del Parral, quien fue víctima de abuso sexual y dio a luz a un bebé, presuntamente engendrado por un hombre de 20 años. La diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena) advirtió que este caso, lejos de ser aislado, refleja la alarmante normalización de la violencia sexual infantil en la región, especialmente en comunidades de la Sierra Tarahumara, donde en 2023 se registraron 87 de los 277 embarzos en niñas menores de 15 años en todo Chihuahua.

Según denunció la legisladora, la menor —perteneciente a la etnia rarámuri— se encuentra bajo custodia del DIF municipal, pero no hay claridad sobre si se inició un proceso legal contra el agresor. “Los padres de la niña no denunciaron porque lo ven como ‘normal’, pero esto es un delito grave: violación equiparada, con penas de hasta 30 años de prisión”, recordó Pérez Reyes, al señalar que el Código Penal de Chihuahua no admite excepciones por usos y costumbres.

La directora del DIF Parral, Nora Carrillo, confirmó que la niña recibe atención psicológica, jurídica y médica, pero no se ha confirmado si la Fiscalía abrió una investigación. La diputada exigió que se aclare el estatus de la custodia, el paradero del bebé y por qué no se activó el protocolo de la NOM-047, que obliga a reportar inmediatamente los nacimientos en menores de edad.

“No basta con leyes; necesitamos voluntad política para erradicar la impunidad”, afirmó Pérez Reyes, al recordar que un tercio de los embarazos infantiles en el estado ocurren en la Sierra Tarahumara, donde persisten prácticas como el matrimonio forzado y la falta de acceso a justicia. La colectiva Amor No es Violencia A.C. alertó que casos como este —incluyendo el de una niña de 10 años embarazada en Guachochi en 2023— quedan en el olvido.

“Un embarazo en una niña de 11 años no es ‘cultura’, es violencia. El Estado debe actuar”, demandó la legisladora, al urgir a las autoridades a investigar, sancionar y proteger a las víctimas, en línea con los tratados internacionales y la Constitución.