Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El diputado Cuauhtémoc Estrada calificó este miércoles como “una Corte manchada” al Poder Judicial saliente, heredero de lo que llamó “la Corte Sevillista”, formada tras lo que consideró un “golpe de Estado” del presidente Andrés Manuel López Obrador al desaparecer el máximo tribunal en 2019 y conformar uno nuevo bajo su criterio. Durante una rueda de prensa, el coordinador de Morena en el Congreso del Estado no dudó en señalar que la actual Corte deja una herencia de privilegios, impunidad y politización, y exigió que el nuevo Poder Judicial que surgirá de las recientes elecciones rompa con ese pasado.

Estrada recordó que la Corte actual gozó de sueldos exorbitantes (hasta 600 mil pesos mensuales por ministro) y extendió esos beneficios a casi 200 puestos más, lo que, según él, deslegitimó al máximo tribunal. “Esta Corte se caracterizó por privilegiar a delincuentes, como cuando descongeló las cuentas de la familia de García Luna o cuando premió el racismo de Lorenzo Córdoba al considerarlo ‘víctima de discriminación'”, criticó. Además, mencionó que ocultó por 20 años un expediente para evitar que un empresario pagara impuestos, violando el artículo 31 de la Constitución.

El diputado también advirtió que la transición del Poder Judicial en Chihuahua avanza con lentitud, pues aún falta reformar la Ley Orgánica que definirá su funcionamiento interno. “No puede ser que el nuevo Poder Judicial opere con las mismas reglas de antes. Tenemos que garantizar eficiencia y transparencia”, exigió. Además, cuestionó contratos plurianuales heredados, como un “ciberbunker” por 15 millones de pesos y licitaciones de cómputo que podrían generar gastos innecesarios. “Esto debe revisarse para evitar que el nuevo Poder Judicial arrastre compromisos onerosos”, dijo.

Estrada insistió en que la sociedad debe vigilar que el nuevo tribunal no repita los errores del pasado. “No hicimos todo este cambio para tener un Poder Judicial igual. Exigiremos que funcione distinto”, advirtió. Finalmente, recordó que el órgano de administración judicial aún no está conformado, lo que retrasaría la fiscalización de gastos y contratos. “Si no actuamos con urgencia, corremos el riesgo de repetir la misma historia”, concluyó.