La acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, representa un golpe directo contra una red criminal que opera desde Baja California, vinculada al Cártel de Sinaloa. La inclusión de figuras políticas como la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo y el exfuncionario Candelario Arcega Aguirre sugiere una presunta infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales locales.

Detalles clave:

• Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa, fue señalada como responsable de operaciones de narcotráfico transfronterizo.
• Las 15 empresas sancionadas operan en Rosarito y forman parte de una red apodada “Boardwalk Empire” por las autoridades estadounidenses.
• Se identificó el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina como principales actividades ilícitas.
• La relación entre Arcega y Brown Figueredo habría permitido el nombramiento de aliados del cártel en puestos clave del gobierno municipal.

Reacción del gobierno mexicano

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respondió de forma inmediata con el bloqueo de cuentas bancarias de los individuos y empresas señaladas. Aunque se trata de una medida preventiva, la UIF anunció que investigará a fondo los movimientos financieros y, de encontrar elementos suficientes, notificará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Contexto diplomático: visita de John K. Hurley

La sanción coincide con la visita del Subsecretario del Tesoro estadounidense, John K. Hurley, a México, lo que refuerza el mensaje de cooperación bilateral en materia de seguridad financiera y combate al narcotráfico.

• Hurley se reunirá con Edgar Amador, titular de Hacienda, y con representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM).
• La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estas acciones forman parte del entendimiento bilateral para combatir el crimen organizado.

Esta acción conjunta entre EE.UU. y México:
• Refuerza la presión internacional sobre el Cártel de Sinaloa.
• Expone posibles vínculos entre el crimen organizado y actores políticos locales.
• Marca un precedente en la colaboración financiera y judicial entre ambos países.

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