León, Guanajuato, 23 de septiembre de 2025 — Desde esta ciudad, referente nacional por su desarrollo económico y tradición cívica, los analistas Jesús Alberto Hernández y Víctor Hernández alertaron en el programa Ciudad 2.0 sobre el avance de un proyecto político autoritario que busca consolidar el control absoluto del Estado sobre la sociedad mexicana. Las recientes iniciativas de reforma a la Ley de Amparo y al sistema electoral, impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, fueron calificadas como un golpe directo a las garantías individuales y un mecanismo para eliminar la competencia política, respectivamente.

Durante el análisis, los especialistas destacaron que estas reformas no son medidas técnicas, sino herramientas de dominación diseñadas para debilitar a la ciudadanía y fortalecer al régimen. La modificación a la Ley de Amparo, presentada como un ajuste procedimental, en realidad reduce los mecanismos de defensa legal contra abusos del poder público. Según Alberto Hernández, la reforma busca eliminar la protección colectiva, obligando a los ciudadanos a litigar de manera individual incluso en casos donde miles resultan afectados por una misma arbitrariedad, como ocurre con comunidades ejidales cuyos territorios son devastados por megaproyectos o contribuyentes víctimas de cobros fiscales injustos. “Si antes un solo amparo podía proteger a un grupo, ahora cada persona tendrá que presentar el suyo, mientras el Estado actúa sin frenos”, explicó.

El juicio de amparo, recordaron, es un mecanismo único en el mundo, creado en México para garantizar la protección inmediata contra actos de autoridad. Sin embargo, la reforma propuesta acorta plazos procesales de manera arbitraria, lo que en la práctica anularía la posibilidad de defensa efectiva. “No se trata de agilizar la justicia, sino de dejar al ciudadano en completa desventaja frente al poder del Estado”, advirtió Víctor Hernández.

En el ámbito electoral, la reforma impulsada por figuras como Pablo Gómez —descrito por los analistas como un operador de la línea más dura del gobierno— busca eliminar la autonomía de los órganos electorales y reducir la representación de la oposición. La estrategia incluye la desaparición de las oplas (órganos locales electorales), la disminución de diputaciones plurinominales y un recorte al financiamiento de partidos, mientras Morena se beneficia de recursos públicos a través de programas sociales que en 2025 superan el billón de pesos. “Están creando un partido-Estado donde solo ellos pueden ganar. Las elecciones serán un trámite, no una competencia”, denunció Alberto Hernández.

Los analistas también vincularon estas reformas con una red de corrupción institucionalizada, donde figuras como el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y el hijo del expresidente, José Ramón López Beltrán, operan con total impunidad. Ojeda, señalado por tráfico de influencias y nexos con el huachicol, recibió puertos, aduanas y contratos de seguridad tras dejar el cargo, mientras López Beltrán —ahora dedicado a negocios hoteleros de lujo en Japón, Estados Unidos y México— habría utilizado recursos de origen sospechoso para construir su imperio. “No es casualidad que evite eventos oficiales: está ocupado administrando hoteles pagados con dinero del erario”, afirmó Hernández.

Ante este escenario, los especialistas hicieron un llamado a la vigilancia ciudadana y a la movilización. “Si no actuamos ahora, dentro de cinco años será demasiado tarde. Hoy nos quitan el amparo, mañana el voto, y después, la libertad”, concluyó Víctor Hernández. La discusión dejó claro que estas reformas no son errores de diseño, sino piezas de un plan mayor para consolidar un régimen sin contrapesos, donde el Estado decide qué derechos pueden ejercerse y quiénes pueden competir por el poder.