Empresarios vs. SAT: tensión fiscal en tiempos de consolidación

La relación entre el sector empresarial y el gobierno federal atraviesa una etapa de creciente tensión. Empresarios de distintos sectores han manifestado su inconformidad ante Edgar Amador y Marcelo Ebrard por los retrasos en las devoluciones fiscales del SAT. El reclamo, más allá de lo técnico, refleja un malestar profundo con la estrategia recaudatoria de la administración de Claudia Sheinbaum y la ausencia de una reforma fiscal estructural.

Devoluciones detenidas: el reclamo que une al empresariado

Desde hace meses, empresarios han acudido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Economía con una queja recurrente: el retraso en las devoluciones fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque el SAT ha argumentado que se trata de procesos de verificación más rigurosos, los afectados lo interpretan como una forma de presión recaudatoria.
Según datos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el tiempo promedio para recibir devoluciones de IVA se ha extendido hasta 90 días en algunos casos, cuando el plazo legal es de 40 días.

Esto ha generado problemas de liquidez en empresas medianas y grandes, especialmente en sectores exportadores.

Estrategia recaudatoria: ¿eficiencia o persecución?

El gobierno de Sheinbaum ha apostado por fortalecer la recaudación sin aumentar impuestos, lo que ha implicado una fiscalización más agresiva. Empresarios consultados por y El Financiero señalan que el SAT ha intensificado auditorías, requerimientos y bloqueos de sellos digitales, lo que interpretan como una política “persecutoria”.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha solicitado públicamente una mesa técnica para revisar los procesos de devolución y fiscalización. “No estamos en contra de pagar impuestos, pero exigimos reglas claras y procesos eficientes”, declaró José Medina Mora, presidente del organismo.

Reforma fiscal: el elefante en la sala

El malestar empresarial ha reactivado el debate sobre la necesidad de una reforma fiscal. Aunque el gobierno ha evitado comprometerse con una modificación profunda del sistema tributario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió recientemente que México necesita avanzar más rápido en la consolidación fiscal.

En su último informe, el FMI señaló que el paquete económico para 2026 aplazó los objetivos de déficit fiscal, postergando la meta del 3% hasta 2028. Esto ha generado inquietud en los mercados y entre los inversionistas, que ven señales de incertidumbre en la política fiscal mexicana.

Tensiones internas: ¿quién manda en el SAT?

Aunque Edgar Amador Zamora, titular de Hacienda, ha escuchado los reclamos del empresariado, fuentes del sector señalan que su margen de maniobra es limitado. El SAT, dirigido por Antonio Martínez Dagnino, responde más directamente a la oficina de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y figura influyente en el círculo cercano de Sheinbaum.

Este esquema ha generado fricciones internas en el gabinete económico, donde algunos funcionarios piden mayor autonomía técnica para el SAT y una revisión de sus prácticas operativas.

Presión fiscal en tiempos de transición

La tensión entre el empresariado y el gobierno por la política fiscal refleja un momento clave para la economía mexicana. Mientras se busca mantener la estabilidad sin aumentar impuestos, los mecanismos de fiscalización se han convertido en fuente de conflicto. El retraso en devoluciones es solo la punta del iceberg de un debate más profundo: ¿puede México sostener su modelo fiscal sin una reforma estructural?