El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, cuestionó la manera en que se aprobó la reciente reforma a la Ley de Amparo, al considerar que el proceso legislativo careció de apertura y transparencia.

“Fue un trámite disfrazado de consulta, pero en realidad no se escuchó a nadie; llegó aprobado y sin que se sepa con claridad quién lo impulsó”, señaló el funcionario estatal, al subrayar que las decisiones de esta magnitud deben tomarse frente a la sociedad.

De la Peña dijo esperar que en los próximos días surjan pronunciamientos de especialistas, legisladores y académicos sobre las implicaciones de esta modificación, pues —afirmó— la ciudadanía merece un debate público y no acuerdos cerrados.

Recalcó que cualquier cambio en las leyes es revisable, pero insistió en que la política moderna debe ejercerse con transparencia y rendición de cuentas. “Una reforma legal tiene que garantizar avances y no significar un retroceso en materia de derechos”, puntualizó.