Octubre 8, 2025 Salud pública y financiamiento internacional

Introducción Un nuevo informe ha encendido las alarmas sobre posibles vínculos financieros entre la ONG mexicana “Poder del Consumidor” y la Fundación Bloomberg, en el marco de la campaña contra los alimentos ultraprocesados liderada por Hugo López-Gatell durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La revelación pone en entredicho la independencia de las políticas públicas de salud y abre el debate sobre la influencia de capital extranjero en decisiones nacionales.

El vínculo entre Gatell, Bloomberg y la regulación alimentaria

Durante la pandemia de Covid-19, López-Gatell no solo encabezó la estrategia sanitaria nacional, sino que también impulsó una ofensiva regulatoria contra productos ultraprocesados, como refrescos, botanas y alimentos con alto contenido calórico. Esta campaña incluyó medidas como:

• Etiquetado frontal con advertencias
• Restricciones publicitarias
• Propuesta de nuevos impuestos a productos nocivos para la salud

Según el informe publicado por medios como La Política Online y Expansión, parte del equipo de Gatell habría firmado acuerdos con la Fundación Bloomberg —dirigida por el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg— a través de la ONG “Poder del Consumidor”, presidida por Alejandro Calvillo. El financiamiento habría superado los millones de dólares, destinados a campañas de concientización, estudios técnicos y presión legislativa.

Las figuras clave del entramado

Además de Calvillo, el informe menciona a Simón Barquera, entonces titular del Instituto Nacional de Salud Pública, y a Arantxa Colchero, investigadora en temas de salud y exesposa de López-Gatell.

Ambos habrían colaborado en la elaboración de políticas públicas con respaldo técnico y financiero proveniente de la Fundación Bloomberg.

Este esquema ha sido calificado por algunos analistas como una “injerencia extranjera en decisiones soberanas”, lo que contrasta con el discurso del propio López Obrador, quien durante su mandato criticó abiertamente la influencia de organismos internacionales en asuntos internos.

¿Financiamiento ilegal?

El informe sugiere que el financiamiento recibido podría haber violado disposiciones legales mexicanas sobre el uso de recursos extranjeros en campañas de política pública. Aunque no se ha abierto una investigación formal, legisladores de oposición han solicitado que se revise el origen de los fondos y la legalidad de su aplicación.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe expresamente el uso de recursos extranjeros para influir en decisiones políticas, y aunque el caso se enmarca en el ámbito de salud pública, los vínculos con actores gubernamentales podrían activar mecanismos de revisión.

Impacto diplomático y contradicciones internas

La política contra los alimentos ultraprocesados generó tensiones con empresas multinacionales y afectó las relaciones bilaterales con Estados Unidos, especialmente en el sector agroalimentario. Paradójicamente, ahora se revela que una de las figuras más visibles del gobierno mexicano habría trabajado con financiamiento de una fundación estadounidense.

Este hecho contradice el discurso de soberanía alimentaria y rechazo a la injerencia extranjera que caracterizó al sexenio de López Obrador, y pone en entredicho la coherencia de las acciones emprendidas por su equipo.

¿Activismo o conflicto de interés?

La campaña contra los alimentos ultraprocesados fue celebrada por sectores de salud pública y activismo social. Sin embargo, los recientes señalamientos sobre financiamiento extranjero y vínculos personales con organismos internacionales obligan a revisar los límites entre el activismo legítimo y el conflicto de interés. En el centro del debate queda Hugo López-Gatell, una figura que durante la pandemia fue símbolo de autoridad… y que hoy enfrenta cuestionamientos sobre su independencia.