En la transmisión del programa Ciudad 2.0, los analistas políticos Jesús Alberto Hernández y Víctor Hernández delinearon un panorama crítico para el país, destacando una convergencia de crisis en el sector agroalimentario, la salud pública y la seguridad ciudadana que, en su opinión, evidencian una profunda desconexión entre el gobierno y las necesidades populares.

La situación del campo mexicano fue señalada como un punto de ignición. Según Jesús Alberto Hernández, la brutal caída de hasta un 40% en el precio del maíz, un producto básico cuya consigna reza “sin maíz no hay país”, sumada a un aumento similar en el costo de los insumos, ha hecho insostenible la economía de los campesinos. Esta crisis de rentabilidad se ve agravada por la desleal competencia derivada del Tratado de Libre Comercio, donde los subsidios a productores de otros países no se equiparan con los mexicanos, y por las amenazas de aranceles desde Estados Unidos. A este escenario económico se le superpone una violencia extrema, con extorsiones y asesinatos, como el reciente caso del líder limonero, que pintan un cuadro de abandono e inseguridad en las zonas rurales.

El segundo foco de alerta se ubica en el sistema de salud. Los analistas citaron la protesta de 45 cirujanos del prestigiado Hospital Infantil Federico Gómez, quienes no exigen mejoras salariales, sino suministros básicos como oxígeno y medicamentos para procedimientos urgentes, incluyendo trasplantes para niños con cáncer. Esta situación, calificada de “drama”, choca frontalmente con la narrativa oficial que presume un sistema de salud robusto. La indiferencia gubernamental ante estas demandas, que en el pasado fueron objeto de burlas por parte de altos funcionarios, refleja, a juicio de los contertulios, un colapso sanitario que queda lejos de cualquier comparación con sistemas de primer mundo.

La seguridad pública constituye el tercer pilar de la crítica. El asesinato del presidente municipal de Europa, Carlos Manso, frente a su familia y comunidad, fue citado como un símbolo de la indefensión que viven las autoridades locales. La falta de equipamiento adecuado para las policías municipales, que contrasta con el poderío de los grupos delictivos, y la insistencia del gobierno federal en centralizar la estrategia de seguridad, fueron señaladas como factores que exacerban la indignación social, la cual traspasa fronteras.

Más allá de enumerar problemas, el análisis advirtió sobre una peligrosa desconexión. Los partidos de oposición, según Víctor Hernández, no han sabido conectar su narrativa con estos problemas populares, dejando un vacío de representación. Simultáneamente, el gobierno federal parece rehuir el diálogo con las organizaciones sociales intermediarias, buscando una relación directa con la ciudadanía que, en la práctica, se traduce en una frialdad e inacción ante las urgencias.

La conclusión del intercambio fue contundente: la sociedad mexicana está llegando a su límite. Los brotes de injusticia, regionalizados pero interconectados —desde el huachicol del agua en el Estado de México hasta la estrangulación de carreteras por maiceros en el Bajío—, son la antesala de un posible choque inminente. La contención política se debilita, las pasiones se desbordan y la estrategia gubernamental parece reducirse a mantener el poder a través de una narrativa cada vez menos creíble y programas asistenciales, mientras la realidad grita por agua, paz, medicinas y seguridad.