El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, reaccionó este viernes ante un oficio dirigido a un juez de control del distrito judicial Morelos, en el que la oficina de pasaportes niega contar con datos biográficos de Javier Corral Jurado, como lugar y fecha de nacimiento. «No lo sé, hay que preguntar al Poder Judicial para no emitir una opinión irresponsable», declaró De la Peña al ser cuestionado sobre la autenticidad del documento.

Sin embargo, el funcionario estatal llamó la atención sobre la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que involucra al exgobernador. «No se cansan de defenderlo. Movilizaron a un equipo SWAT para impedir que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua lo detuviera en un restaurante de la ciudad de México, antes de que obtuviera el fuero; ahora la FGR atrae uno de sus asuntos. Todos estos oficios habrá que ver su trasfondo. Está clarísimo que alguien en la federación lo defiende, y si él pide esa ayuda, seguramente algo teme», cuestionó.

Cabe señalar que resulta extraño que, de ser legal el documento, la oficina de pasaportes solicite información básica para emitir un pasaporte. Además, si Corral Jurado posee doble nacionalidad, el trámite estadounidense debería realizarse ante autoridades de Estados Unidos, no mexicanas.

El tema cobra relevancia porque, de no existir registro de nacimiento en Chihuahua, implicaría que el exmandatario mintió sobre su nacionalidad, lo que lo inhabilitaría para haber sido gobernador y configuraría un posible fraude electoral con nuevas responsabilidades legales.

«Lo interesante es qué hubiera pasado si este oficio es real y se reabre el litigio donde se acreditaba que este señor, que cobró como gobernador, ni siquiera nació en México y engañó a las autoridades electorales. Podría configurarse fraude a la ley. Sería bien interesante que lo reabrieran, porque en aquel entonces parece que también le ayudaron», finalizó De la Peña.

Hasta el momento, ni la FGR ni el Poder Judicial han emitido posicionamiento oficial sobre el oficio en cuestión. El caso revive polémicas sobre la elegibilidad y actuaciones del exgobernador durante y después de su administración (2016-2021).