Chihuahua.— Durante una conferencia impartida en la capital del estado, María Marván Laborde, primera presidenta del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), advirtió que México atraviesa un periodo de retroceso en materia de transparencia y protección de datos personales, proceso que —dijo— inició en 2018 con la llegada de la nueva administración federal, cuando comenzaron a reservarse documentos públicos bajo el argumento de “seguridad nacional”.

La académica, reconocida por su postura crítica ante la militarización del país, sostuvo que entre 2003 y 2018 la federación acató de manera constante las resoluciones del IFAI y puso a disposición de la ciudadanía información clave; sin embargo, señaló que en los últimos años se ha consolidado una tendencia a ocultar datos.

Frente a este escenario, Marván afirmó que Chihuahua tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional en la defensa del derecho de acceso a la información, aun en un contexto adverso.

“Estamos viviendo una época de regresión. Serán los estados los que se distingan por hacer lo mejor posible para mantener vigente este derecho”, expresó. Añadió que sin las herramientas tecnológicas que fortalecieron la transparencia, este derecho habría permanecido limitado.

La excomisionada subrayó que, pese a las restricciones que hoy enfrenta la protección de datos personales, existe margen para que Chihuahua continúe impulsando políticas que garanticen la apertura gubernamental.

Advirtió que cualquier modificación que debilite la autonomía de los órganos garantes representa un retroceso, pues —aseguró— cuando quien vigila y quien es vigilado coinciden, se genera un conflicto de interés que amenaza la defensa de los derechos humanos.

Marván Laborde recordó además que Chihuahua jugó un papel clave en la reforma constitucional al artículo 6 en 2007, al trabajar junto con el entonces gobernador José Reyes Baeza y otros mandatarios en una propuesta que permitió fortalecer el andamiaje legal de la transparencia en el país.

La especialista insistió en que, ante la regresión nacional, corresponde a las entidades federativas sostener y ampliar las garantías que permiten a la ciudadanía acceder a información pública y proteger sus datos personales.