El lunes 24 de noviembre de 2025, productores agrícolas y transportistas bloquearon más de 40 carreteras federales en 22 estados, paralizando el tránsito en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y otras regiones. La protesta fue parte de un paro nacional contra la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, que Morena busca aprobar en el Congreso.

El rechazo campesino

El sector agrícola considera que la reforma amenaza las concesiones de agua que han mantenido por décadas, muchas de ellas heredadas. Para los campesinos, la iniciativa representa un riesgo de perder certidumbre jurídica sobre sus tierras y recursos. Líderes ganaderos calificaron la propuesta como una “estocada al campo mexicano”.

La narrativa oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa asegurando que busca “consagrar el agua como derecho humano prioritario” y devolver al Estado la rectoría sobre los recursos hídricos. Señaló que las protestas provienen de quienes “acapararon concesiones” en el pasado y que no quieren perder privilegios. Al mismo tiempo, abrió la puerta a ajustes mediante foros públicos de discusión, aunque blindó el núcleo de la reforma.

La oposición se suma

Los partidos opositores aprovecharon el descontento social para cuestionar la iniciativa:
• PRI: Rubén Moreira advirtió que aprobar la ley sin consulta sería un “retroceso democrático” y anunció que presentarán reservas y modificaciones recogidas en foros ciudadanos.
• PAN: El senador chihuahuense Mario Vázquez Robles acusó que la reforma “pone en riesgo la producción agrícola, reduce el patrimonio de miles de familias y no corrige el abandono presupuestal en infraestructura hídrica”.

El trasfondo político

La disputa por el agua se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la 4T. Mientras el gobierno insiste en que la reforma busca justicia social y equidad, los campesinos y opositores alertan sobre un intento de centralizar el control del recurso y usarlo con fines partidistas.

La Ley General de Aguas enfrenta un dilema: ¿es una herramienta para garantizar el acceso equitativo al agua o un mecanismo de control político? Lo cierto es que las protestas muestran que el tema toca fibras sensibles: la herencia de concesiones, la seguridad alimentaria y la confianza en las instituciones.

El agua, más que un recurso, se ha convertido en un símbolo de poder y disputa política. La reforma de Sheinbaum busca redefinir su uso como derecho humano, pero enfrenta la resistencia de quienes temen perder lo que consideran patrimonio histórico y productivo.