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Los límites de los apoyos sociales sin empleo ni desarrollo

Fotografía y Redacción por : César Olvera

El espejismo de la cobertura universal

La Secretaría del Bienestar presume que más de 13 millones de adultos mayores recibieron pensiones en 2025, con una inversión superior a 484 mil millones de pesos. Sin embargo, este gasto público no se traduce en empleo formal ni en productividad, sino en transferencias que alivian el consumo inmediato pero no generan riqueza.

Los datos duros del INEGI

• Pobreza laboral: En el tercer trimestre de 2025, 34.3% de la población no pudo adquirir la canasta básica con su ingreso laboral. En zonas rurales, la cifra fue aún más grave: 48.4%.
• Ingreso laboral real: El ingreso laboral per cápita apenas creció 0.1% anual, lo que refleja un estancamiento económico.
• Pobreza multidimensional: El INEGI reportó que, pese a los programas sociales, las carencias en salud, educación y vivienda persisten, y los apoyos no han logrado reducir significativamente la pobreza estructural.

El costo financiero

El gasto en programas sociales representa más del 1.3% del PIB nacional, presionando las finanzas públicas sin generar retornos productivos. Mientras tanto, la inversión privada se mantiene débil y el empleo formal no crece al ritmo necesario para absorber a los jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral.

El problema estructural

Los apoyos económicos son paliativos, no soluciones. Sin un proyecto de nación que impulse:
• Infraestructura productiva,
• Políticas de empleo formal,
• Innovación tecnológica y educativa,
los programas sociales se convierten en subsidios de sobrevivencia que perpetúan la dependencia del Estado y no atacan las raíces de la desigualdad.

La 4T ha convertido los apoyos en su bandera política, pero los datos del INEGI muestran que no han sido suficientes para transformar la realidad económica del país. La pobreza laboral sigue alta, el ingreso apenas crece y la falta de empleo formal limita cualquier avance. Sin un proyecto integral de desarrollo, los programas sociales corren el riesgo de ser vistos como herramientas clientelares más que como políticas de justicia social.


Los apoyos del Bienestar cumplen una función inmediata, pero no sustituyen la necesidad de empleo digno y desarrollo económico. México requiere una estrategia que combine justicia social con crecimiento productivo, de lo contrario, los programas seguirán siendo un paliativo costoso y políticamente rentable, pero insuficiente para cambiar la estructura de la pobreza.