El inicio del proceso judicial

En la Corte del Distrito Sur de Texas comenzó formalmente el juicio contra el empresario mexicano Alexandro Rovirosa Martínez, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber participado en una red de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La acusación señala que Rovirosa, junto con su socio Mario Alberto Ávila Lizárraga —exdirectivo de Pemex y militante del PAN, actualmente prófugo—, habría pagado sobornos a funcionarios de la petrolera para obtener contratos millonarios y manipular auditorías.

La evidencia clave

Los fiscales estadounidenses presentaron como prueba principal el teléfono móvil de Ávila Lizárraga, del cual se extrajeron mensajes comprometedores. En ellos se detallan montos de sobornos, referencias a regalos de lujo como una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot de 12,500 dólares, además de bromas sobre las comisiones: “Un Hublot como comisión, jaja”.

La defensa de Rovirosa intentó desestimar esta evidencia alegando defectos en las traducciones al inglés y violaciones al debido proceso, pero el juez rechazó la solicitud y permitió que el juicio continuara.
Estrategias de defensa y rechazo del tribunal

Rovirosa ha buscado frenar el proceso con distintos argumentos:
• Alegó que los cargos ya habían prescrito, pero la corte confirmó pagos ilegales hasta octubre de 2021.
• Negó vínculos con el crimen organizado.
• Solicitó modificar sus condiciones de arresto para viajar a México con su familia a “vacaciones de lujo” en San Miguel de Allende, petición que fue rechazada por el alto riesgo de fuga.
Los contratos bajo sospecha
De acuerdo con documentos judiciales y reportes de El País:
• Rovirosa firmó un contrato de explotación por 30 años para operar el campo petrolero VC-01 en Veracruz, con ingresos de más de 24 millones de pesos en un año.
• Sus empresas Tubular Technology e Isa Data obtuvieron al menos 19 contratos con Pemex y sus filiales, acumulando más de 746 millones de pesos en obras y adquisiciones.
• El esquema de corrupción habría implicado pagos de al menos 150,000 dólares (2.8 millones de pesos) en sobornos a tres funcionarios de Pemex.

Implicaciones políticas y económicas

El caso pone bajo la lupa la gestión de Pemex en un periodo en el que el gobierno federal destinó miles de millones de pesos para sanear sus finanzas. La narrativa oficial de “cero corrupción” queda cuestionada ante evidencias de sobornos y contratos amañados. Además, la ausencia de Ávila Lizárraga, prófugo en México, aumenta la presión sobre las autoridades mexicanas para colaborar con la justicia estadounidense.

El juicio contra Rovirosa no solo exhibe la corrupción en Pemex, sino también las debilidades institucionales de México para sancionar a altos funcionarios y empresarios. La paradoja es evidente: mientras el gobierno hacía bandera de la lucha contra la corrupción, en la principal empresa estatal se tejían redes de sobornos que beneficiaban a particulares con contratos multimillonarios.

El proceso en Texas contra Alexandro Rovirosa Martínez abre una ventana incómoda sobre la corrupción en Pemex y la fragilidad de los mecanismos de control en México. El desenlace del juicio podría marcar un precedente internacional y revelar hasta dónde llegaron las prácticas ilícitas en la petrolera durante uno de los periodos más críticos de su historia financiera.