El 2025 se convirtió en el año más letal para las madres y padres buscadores en México. Según datos recopilados por El País México y organizaciones de derechos humanos, al menos siete buscadores fueron asesinados y otros cuatro permanecen desaparecidos mientras realizaban labores de rastreo en fosas clandestinas y zonas controladas por el crimen organizado.

Casos emblemáticos
• Héctor Aparicio, desaparecido el 26 de enero en Tihuatlán, Veracruz, mientras buscaba a su hijo desde 2017.
• Magdaleno Pérez, asesinado tras ser detenido y torturado por policías municipales de Poza Rica, Veracruz, el 12 de marzo.
• Teresa González, madre buscadora, murió en un intento de secuestro en Guadalajara, Jalisco.
• María del Carmen Morales y su hijo Daniel, asesinados en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mientras buscaban a Ernesto, otro hijo desaparecido.
Además, se registraron ataques en Reynosa (Tamaulipas), Ixtapaluca (Estado de México), Zacatecas, Mazatlán (Sinaloa) y Ocosingo (Chiapas), confirmando que la violencia contra buscadores es un fenómeno nacional.

La crisis de desapariciones
• El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 133 mil personas no localizadas en México.
• Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México denuncian que la impunidad alcanza el 95% de los casos.
• La falta de protocolos de protección convierte la búsqueda en una actividad de alto riesgo, donde las familias sustituyen al Estado en tareas de investigación.

Reacciones
• ONU-DH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han exigido que las madres y padres buscadores sean reconocidos como defensores de derechos humanos.
• Colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) han denunciado amenazas directas y hostigamientos por parte de grupos criminales.

Comentario
En México, buscar a un hijo desaparecido es más peligroso que enfrentarse a un cártel. El Estado presume cifras y registros, pero olvida que las madres buscadoras no necesitan estadísticas: necesitan garantías de vida. Al final, la “justicia” parece un GPS descompuesto: nunca encuentra a nadie, pero siempre localiza culpables… entre las víctimas.