Las autoridades de Mohamed Al Fayed, empresario egipcio y padre de Dodi Fayed, quien fue pareja de Diana Spencer, son objeto de una investigación póstuma en Francia por su posible implicación en una red de trata de mujeres y abusos sexuales. Abogadas que representan a presuntas víctimas han comparado el caso con el del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, debido a las similitudes en los testimonios que describen un supuesto sistema organizado para reclutar y explotar a mujeres jóvenes.

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La indagatoria francesa incluye declaraciones de varias mujeres que aseguran haber sido víctimas de agresiones o situaciones de explotación vinculadas al entorno del empresario. Entre ellas se encuentra Kristina Svensson, quien trabajó en el hotel Ritz de París —propiedad de Al Fayed— a finales de la década de 1990. De acuerdo con su testimonio, habría sufrido episodios de agresión durante el tiempo que fue asistente del magnate. Investigaciones previas en el Reino Unido ya habían revelado que decenas de mujeres acusaban al empresario de conductas similares durante un periodo que abarca varias décadas.

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Otro de los relatos es el de Rachael Louw, quien afirmó haber sido enviada al yate de Salah Fayed, hermano del empresario, en la Costa Azul. Según su declaración ante autoridades francesas especializadas en la lucha contra la trata de personas, fue trasladada en avión privado y permaneció en un entorno aislado donde su pasaporte fue retenido. La mujer señaló que en ese ambiente se realizaban reuniones con empresarios adinerados acompañados de jóvenes mujeres, lo que reforzó sus sospechas sobre un sistema estructurado de explotación.

Las denunciantes sostienen que algunas de las prácticas comenzaron incluso desde los procesos de contratación laboral, en los que supuestamente se realizaban exámenes médicos invasivos y se recopilaba información personal detallada. Las abogadas del caso consideran que estos procedimientos podrían haber servido para seleccionar a mujeres vulnerables y facilitar su control. Aunque los principales implicados ya fallecieron, la investigación busca identificar posibles cómplices y reconstruir el funcionamiento de esta presunta red. Para las víctimas, el proceso judicial representa una oportunidad para esclarecer los hechos y dar visibilidad a testimonios que, durante años, permanecieron en silencio.